Duhalde relaja las exigencias a las provincias para asegurarse su apoyo
El Gobierno argentino insistió ayer en que Duhalde salió reforzado de la cumbre del lunes con los 14 gobernadores peronistas de las provincias (un total de 23) y que los líderes provinciales suscribirán esta semana sin falta el acuerdo con el Gobierno para reducir el déficit fiscal. Así lo confirmaron también algunos gobernadores díscolos, como el de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.
Para lograr el apoyo de los dirigentes regionales de su partido, Duhalde tuvo que hacer claras concesiones sobre el plan trazado por el FMI, lo que despierta ahora incógnitas sobre la postura que adoptará el organismo internacional ante este nuevo acuerdo.
Buenos Aires, por ejemplo, reducirá su déficit un 40%, en lugar del 60% exigido por el Fondo, y la provincia recibirá financiación específica del paquete de asistencia financiera que llegue a pactarse con la comunidad financiera internacional. Solá reclamó en concreto 1.500 millones de pesos (462 millones de euros) de los organismos multilaterales.
En la provincia de Buenos Aires, la más industrializada del país, vive un tercio de la población total, y su déficit en 2001 fue de unos 2.500 millones de pesos (771 millones de euros), aproximadamente la mitad del desequilibrio total de todos los distritos.
Asimismo, Duhalde cedió a la presión de las provincias peronistas y dio marcha atrás en la decisión de frenar en junio la emisión de monedas paralelas (títulos de deuda pública) con las que financian sus gastos, pese a que este punto también forma parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
'Estuvimos hablando con el ministro de Economía para ver de qué forma podemos ir durante el año que viene limitando o anulando la emisión de bonos', explicó el propio Duhalde el lunes por la noche.
Según cálculos no oficiales, existen en circulación bonos por unos 6.000 millones de pesos (1.840 millones de euros), lo que representa casi la mitad del dinero circulante en pesos. Las provincias han suplido la falta de liquidez generada por la crisis y algunas provincias, como la de Buenos Aires, pagando la totalidad de los salarios de los funcionarios con su moneda paralela, el patacón.
El Gobierno vendió el acuerdo con las provincias como la imagen de la unidad del peronismo ante la crisis que atraviesa el país y en claro contraste con las posiciones de la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR), lo que evidencia el trasfondo electoral de sus planteamientos ante un posible escenario de anticipación de elecciones para principios de 2003. El jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, exigió a los radicales un gesto de apoyo a la labor del Gobierno.
Clave electoral
'Este es un Gobierno de coalición con base parlamentaria, que tiene un programa consensuado y avanzará en su cumplimiento', dijo. 'Ayer el peronismo demostró claramente que se unió tras este plan y ahora vamos a ver qué harán nuestros aliados'. A renglón seguido, Atanasof señaló que 'esperamos que entre hoy (martes) y mañana (miércoles) pueda estar definitivamente sancionada' la derogación de la Ley de Subversión Económica.
Los radicales aceptaron ayer someter a debate en el Senado esta ley, otro de los puntos cruciales de las exigencias del FMI, pero la división de la Cámara no garantiza que se cumplan los planes del Gobierno.
La ley fue inicialmente derogada por el Senado, pero la Cámara de Diputados sólo aprobó su modificación. A su vuelta al Senado, los radicales rechazan suspender una ley que permite la persecución judicial de banqueros acusados de fuga de capitales, por lo que sólo un apoyo sin fisuras del peronismo permitiría su sanción. Pero un grupo de unos ocho senadores oficialistas ya mostró ayer su rechazo a la derogación de la ley, lo que pone en serias dudas la aprobación del proyecto de Duhalde.