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Sanidad

Las regiones podrán establecer qué fármacos financia el Estado

El secretario general del Consejo Interterritorial de Salud, José Luis de Sancho, señaló ayer que el Ministerio de Sanidad no descarta incluir entre las nuevas competencias del Consejo que dirige la de determinar qué medicamentos deben ser financiados por la Seguridad Social.

De Sancho adelantó la opinión del Ministerio de Sanidad, pero reconoció que éste es un asunto de una trascendencia económica tan importante que Hacienda puede desestimar la medida. El secretario general del Consejo Interterritorial de Salud, que participó en la I Jornada sobre el proceso de transferencias en España, que organizó la Oficina Técnica Internacional del Medicamento, descartó que los Gobiernos regionales puedan fijar el precio de los fármacos.

Sin embargo, el subdirector general de Asistencia y Prestación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo, Alfonso Rodríguez, afirmó más tarde que la ley favorecerá que las comunidades autónomas puedan hacer ¢sugerencias¢ en materia de precios, según informa Europa Press.

En cualquier caso, el Consejo, tal y como quedará regulado en la futura ley de coordinación sanitaria, dejará de tener carácter paritario como hasta ahora y reducirá sustancialmente la presencia de la Administración general del Estado.

Según explicó el secretario general del Consejo Interterritorial de Salud, el anteproyecto, que llevará el nombre de Ley de Cohesión, podría verse en Consejo de Ministros en el plazo de dos semanas. En estos momentos, el Ministerio de Sanidad está informando a las comunidades autónomas sobre las características básicas de la norma.

La ley propone la sustitución del actual Consejo Asesor por un Consejo Social, donde tengan voz tanto las organizaciones de pacientes y consumidores, como los colegios profesionales, entre otros.

Agencia de Evaluación

La norma también fija la creación de una Agencia de Evaluación Sanitaria, que será responsable de recabar toda la información básica del Sistema Nacional de Salud y distribuirla, una vez depurada, a los distintos servicios de salud.

El departamento que dirige Celia Villalobos baraja la idea de que este organismo o ente público (su entidad jurídica está aún por decidir) este dirigido por los consejeros autonómicos y se financie parcialmente con la venta de servicios a terceros o mediante la acreditación de instituciones o centros sociosanitarios. Aunque esta última cuestión está aún sin perfilar.

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