El ex director general de BBVA Privanza Jersey niega que ayudara a sus clientes a defraudar a Hacienda
Al término de la declaración de Manuel López, quien declaró como imputado ante Garzón en el proceso contra abierto por las cuentas ocultas en paraísos fiscales, señaló que el Manual de Productos Fiduciarios, con el que presuntamente informaban a los clientes de cómo podían defraudar a Hacienda, era público y estaba autorizado por el Banco de España.
Añadió que este informe, que según el fiscal elaboró el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, no servía para eludir impuestos, puesto que los empleados de una entidad no preguntan al cliente cómo elaboran su declaración de impuestos.
Según fuentes jurídicas, López testificó que nunca dudó de que los fondos que se invertían a través de esta entidad eran lícitos, principalmente los ingresados por el propio BBV en varias sociedades radicadas en Jersey y en Liechtenstein.
Sobre estas entidades, en las que el BBVA ocultó los beneficios de varias operaciones que no comunicó a las autoridades españolas, el imputado dijo que desconocía la procedencia de los fondos y, por tanto, si eran ilícitos o estaban anotados en la contabilidad del banco.
Relató que en el movimiento de esas cuantías se limitaba a ejecutar los mandatos del director financiero del BBV en esos momentos, Luis Bastida, de quien dijo que, junto a Rodolfo Molinuevo, eran los únicos que tenían autorización para ordenar operaciones en esas cuentas.
Según el expediente del Banco de España, el BBV ordenó que se transfirieran a nombre de Manuel López los 134,4 millones de dólares que obtuvo el banco de vender un paquete de acciones de Argentaria cuya compra no había comunicado.
López destacó durante su declaración que el Banco de España y el Ministerio de Economía ha autorizado la constitución de numerosas sociedades en paraísos fiscales, por lo que no dudó de la legalidad de las que él gestionaba y de los fondos que se movían en ellas.
Las partes también interrogaron al imputado sobre los clientes que suscribieron con el banco productos supuestamente opacos a Hacienda, aunque éste se negó a responder a estas cuestiones alegando que tenía un deber de confidencialidad.