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Agricultura

Arias Cañete niega que Bruselas haya paralizado ayudas para Desarrollo Rural

"No hay ninguna ayuda paralizada, todos los expedientes de desarrollo rural se han tramitado normalmente, la Comisión los está evaluando, se procederá a la firma, y pronto se mandarán los anticipos", dijo Arias Cañete, quien afirmó no tener constancia ni haber recibido comunicación alguna señalando suspensiones de ayudas para España por parte de la Comisión Europea. "Hay quienes tienen interés en promover determinadas campañas para empañar actividades", dijo, tras advertir de que muchas de las informaciones publicadas son "falsas" y ataques "feroces" que responden a una actitud partidista y "temeraria", ya que podrían perjudicar al conjunto de actividades para promover el desarrollo rural en España.

"Sus inductores son bien conocidos, sabemos los móviles que tienen detrás y estoy tomando muy buena nota de todos los que están participando en este proceso defendiendo intereses personales", insistió Arias Cañete, quien comparecerá el próximo martes en el Congreso de los Diputados a petición propia. En este sentido, explicó que algunas comunidades autónomas no han terminado su proceso de selección para la adjudicación de actuaciones, entre las que destacó la de Andalucía.

El grupo parlamentario socialista en el Congreso ha solicitado la comparecencia urgente de Arias Cañete para que explique ante la Comisión de Agricultura la participación del Ministerio en las adjudicaciones. El portavoz del PSOE, Jesús Cuadrado, consideró que las denuncias sobre la concesión de ayudas "pone de manifiesto la existencia de una red de cazaprimas con los fondos de desarrollo rural organizada por el PP".

Arias Cañete hizo estas declaraciones en el marco de la inauguración de la jornada sobre el mundo rural para sentar las bases del contenido del Libro Blanco de Agricultura. Diversos medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días de informaciones sobre el bloqueo 500 millones de euros de ayudas a planes de desarrollo rural en España por presuntas irregularidades ante denuncias procedentes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

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