Bruselas alerta sobre el retraso de la armonización legislativa en la UE
Bruselas alerta además contra las deficiencias en la aplicación de la legislación comunitaria, una asignatura pendiente especialmente en el caso de España e Irlanda.
El corazón de la zona euro mantiene retrasos muy significativos en la adecuación de su normativa a las directivas comunitarias, quebrando la unidad del mercado. París necesita trasponer 80 directivas y Berlín 73 para cumplir el umbral de adaptación del 98,5% de la legislación fijado por los Quince en marzo de 2001. El plazo para hacerlo expiraba en marzo de este año, pero la Cumbre de Barcelona se vio obligada a prorrogarlo otros 12 meses. 'No debe haber excusas para que los Estados incumplan plazos fijados por ellos mismos', se ha quejado el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, al conocer los datos. La CE reconoce que Alemania y Francia no han mejorado su actitud durante los últimos 12 meses. Francia, de hecho, ha empeorado y su déficit de trasposición de directivas alcanza ya el 3,1%, por encima de Grecia (2,7%) y Alemania (2,4%). La CE ha abierto, además, 205 expedientes de infracción contra Francia, por trasponer incorrectamente alguna directiva. El país galo e Italia (con 193 expedientes) captan ya el 30% de los 1.500 procedimientos iniciados por Bruselas en esta área.
El departamento de Bolkestein recuerda que la unidad legal garantiza la libertad de movimiento de bienes y personas. La facilidad para viajar, estudiar, trabajar o vivir en otro país depende, en gran medida, de una correcta armonización que permite acrecentar, además, la oferta de bienes y servicios en cada Estado miembro.
Errores de aplicación
España, por ejemplo, no ha traspuesto aún, según la CE, la directiva de 1997 sobre protección del consumidor en la venta de productos a distancia, retrasando así el desarrollo del comercio electrónico. En el tintero legislativo español siguen también las directivas sobre protección de inventos biotecnológicos y la que regula la venta de ciertos productos químicos (ambas de 1998), así como la de información al consumidor sobre eficiencia energética y emisiones de CO2 de los carburantes (1999). La cumbre de Barcelona decidió que en marzo de 2003 todas las directivas de más de dos años de antigüedad deberán haber sido incorporadas. España debe trasponer 12 directivas para cumplir ese objetivo.
La asignatura pendiente del Gobierno español, sin embargo, se encuentra en los errores de aplicación. España acumula hasta 96 infracciones de este tipo, cifra sólo superada por Irlanda (100).
La CE considera que estas infracciones constituyen una distorsión menor, porque la mayoría de las veces pueden resolverse sin litigios ni modificaciones legislativas. Bruselas denuncia que España es el país más lento en cuanto a la resolución de estos conflictos, que suelen afectar, por ejemplo, a profesionales que no ven reconocidos sus títulos o pequeñas empresas que ven retirados del mercado sus productos sin más explicaciones.