Siete comunidades abandonan la conferencia sectorial
El ministro de Trabajo escuchó ayer, durante la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales extraordinaria, las opiniones de las comunidades autónomas sobre la reforma del desempleo y, en menor o mayor grado, los responsables de empleo de todas ellas, incluidas las gobernadas por el PP, manifestaron la necesidad de incluir modificaciones en el texto presentado por el Gobierno.
Los consejeros de Empleo de las seis comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Castilla La-Mancha, Baleares, Aragón y Asturias) y el del País Vasco, Iñaki Zabala (EA), fueron más allá y abandonaron la reunión ante la negativa de Trabajo de retirar su propuesta e iniciar 'desde cero' un proceso de diálogo sobre la reforma de la Ley Básica de Empleo y del Seguro de Paro.
Además, el consejero andaluz, Antonio Viera, anunció que no volverá a sentarse en la mesa de negociación hasta que el ministro de Trabajo no pida disculpas por sus últimas declaraciones, en las que dijo que la reforma del desempleo que propone el Gobierno es la mejor manera de que los trabajadores del campo andaluces no sigan en la 'indolencia' que genera el subsidio agrario.
Por su parte, los consejeros de Trabajo de Cataluña (CiU), Lluis Franco, y de Canarias (CC), Marcial Morales, aceptaron el documento prestando por Trabajo pero única y exclusivamente como punto de partida para negociar sustanciales modificaciones sobre la redacción inicial.
Para el responsable de CiU, el texto del Gobierno recoge 'un recorte de competencias de las comunidades autónomas y un recorte de las prestaciones sociales', sobre todo para los socios de cooperativas y de sociedades anónimas laborales, que dejarían de cobrar la prestación que les corresponde de una sola vez.
En opinión del Gobierno regional de Coalición Canaria las modificaciones necesarias afectan, entre otras cosas, a la intención del Ejecutivo de eliminar los salarios de tramitación; demandó también que el contrato de inserción se mantenga en el ámbito de lo público, que el compromiso de actividad sea más flexible y que se contemple con más claridad la condición de insularidad a la hora de definir lo que es un empleo adecuado, en concreto lo referido a la movilidad geográfica.
Los consejeros populares ensalzaron por lo general el documento del Gobierno y resaltaron su 'disposición al diálogo' pero admitieron la necesidad de hacer cambios 'no sustanciales' o 'matizaciones' en el texto de Trabajo 'para mejorarlo'.
En concreto, la consejera gallega, Manuela López Besteiro, demandó cambios en lo concerniente a la movilidad de los parados y consideró conveniente que se conserve el derecho a paro del contrato de inserción.
Aparicio lamentó la actitud de las comunidades socialistas y añadió que dadas 'las coincidencias' con los planteamientos sindicales, 'a algunos les va a ser muy difícil explicar que la huelga no es política'. En cuanto a los cambios propuestos, dijo que admitirá modificaciones no sustanciales respecto a lo que es una oferta adecuada de empleo, en la adaptación del contrato de inserción a su propia naturaleza, en el refuerzo del compromiso de actividad y en el cobro de la prestación en forma de capitalización.