España, quinto país europeo en calidad de servicios públicos a través de la Red
El primer balance realizado por la UE sobre servicios públicos en Internet coloca a España en quinto lugar entre los países europeos. El informe fue presentado ayer durante una jornada organizada por Cap Gemini Ernst & Young y Cinco Días para debatir las posibilidades de la Administración electrónica. El ministro de Administraciones Públicas (MAP), Jesús Posada, anunció que el Gobierno invertirá tres millones de euros en el portal del ciudadano. También se adoptarán medidas para simplificar aun más los trámites a los ciudadanos.
Nuestro objetivo es sustituir el vuelva usted mañana por el no hace falta que usted venga'. Así resumía ayer el director general de organización administrativa del MAP, Celso Nores González, la filosofía del Gobierno en cuanto al desarrollo de la Administración Pública a través de Internet. Nores González, quien participó junto al ministro Jesús Posada en el debate sobre la Administración electrónica, presentó el resultado del primer informe de seguimiento sobre desarrollo de servicios públicos en la Red, encargado por la Comisión Europea a la consultora Cap Gemini Ernst & Young.
El informe sitúa a España en quinto lugar en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos a través de la Red. Y califica con puntuación máxima algunos de ellos, como el pago de impuestos (IVA y sociedades) los trámites de aduanas, el envío de estadísticas y las denuncias a la policía.
En el extremo menos halagador, como también reconoció el director general de organización del MAP, el estudio clasifica los servicios de la Administración pública española sobre solicitud de licencias de obras y emisión de documentos personales entre los menos avanzados de la UE. Durante la inauguración de la jornada, el ministro Posada recordó que el portal del ciudadano, inaugurado el pasado septiembre, recibe actualmente 8.000 visitas diarias y anunció una nueva inversión de tres millones de euros para su desarrollo.
Otra de las medidas en las que trabaja el Gobierno es la elaboración de un real decreto que obligue a los organismos públicos a hacerse por vía telemática con cualquier certificado tributario en poder de la Administración que precise el ciudadano. El objetivo de la propuesta, que más adelante se extenderá a otro tipo de documentos, es eliminar un total de cuatro millones de desplazamientos y envíos por correo.
'Este real decreto debe ser el primero de una serie que consiga que el trasiego de certificados e informaciones no recaiga sobre el ciudadano, sino sobre los órganos de la Administración', explicó Nores González. Una premisa para realizar ese objetivo, reconoció, es apostar por la intranet administrativa.