El abogado de Conde niega el delito de estafa y alega que no perjudicó al banco
La defensa del ex presidente de Banesto, Mario Conde, exculpó ayer a su defendido del delito de estafa en las operaciones Concha Espina y Oil Dor alegando que ni engañó a los consejeros del banco ni hubo perjuicio para la entidad. La Audiencia Nacional le condenó a seis años de cárcel por este delito.
Esta instancia judicial consideró en su sentencia de marzo de 2000 que hubo engaño y un perjuicio de 1.776 millones de pesetas (10,67 millones de euros) por la inversión en el centro comercial Concha Espina y que sociedades instrumentales vinculadas a Conde vendieron al banco acciones de Oil Dor a 270.000 pesetas el título cuando las compraron previamente a 10.000 pesetas. La Corporación Industrial de Banesto destinó 12.000 millones de pesetas (72,12 millones de euros) a la compra.
'No hay pruebas suficientes'. Fue el mensaje insistente del abogado del ex presidente de Banesto, Antonio García Pablos, que ayer terminó de exponer su recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que revisa la sentencia.
Basó gran parte de su defensa en los testimonios del ex vicepresidente de Banesto, Arturo Romaní, al que la Audiencia Nacional consideró coautor y le impuso la mayor condena: 13 años por estafa y apropiación indebida. Según García-Pablos, lo declarado por Romaní demuestra que no existió vínculo entre Conde y las sociedades instrumentales que intervinieron en las operaciones y que tampoco participó en éstas.
García-Pablos defendió la inocencia de Conde en el delito de apropiación indebida de 1.556 millones de pesetas (9,35 millones de euros) por la operación Cementeras por el que fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión. Pero aceptó que habría podido darse un delito de receptación de fondos.
Admitió que en la compraventa de acciones de sociedades hormigoneras y cementeras se pactó un sobreprecio, pero aseguró que las plusvalías de 1.556 millones de pesetas no fueron a parar a sociedades ligadas a Conde, sino que sirvieron para 'pagar comisiones a un tercero'. De nuevo aludió a Romaní para apoyar su tesis.
El ministerio público ha pedido ampliar la pena de Conde de 10 a 22 años. El Tribunal Supremo dictará su sentencia previsiblemente el próximo mes.