Gobierno y PSOE polemizan ante una posible reforma de la Ley de Extranjería
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió ayer al presidente del Gobierno que introduzca 'cambios' en la dirección de la Policía Nacional e impulse el relevo de algunos delegados del Gobierno para atajar el incremento de la inseguridad ciudadana. Además, anunció que el PSOE llevará esta exigencia al Parlamento, donde reclamará, además, la inmediata puesta en marcha de un plan de choque en Madrid y la Comunidad Valenciana.
'Lamentablemente los pronósticos, las advertencias y las críticas al Gobierno se han confirmado. El Gobierno carece de una política de seguridad pública, y éste es su principal fracaso', dijo Zapatero en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva federal del PSOE.
El líder socialista recordó que su partido lleva un año advirtiendo del incremento de la inseguridad, que afecta sobre todo a las grandes ciudades españolas, y que el Gobierno ha desoído siempre estas críticas y no ha hecho nada para atajar el problema.
Coherencia
Por su parte, Aznar, en referencia a esa situación, recordó que los socialistas han defendido tanto la inmigración legal como la ilegal y, a la vez, han planteado una campaña sobre la inseguridad en España.
Pero añadió que cuando se recuerda que el 89% de los presos preventivos en el primer trimestre del año son extranjeros no comunitarios, el PSOE responde acusando al Gobierno de que vincula inmigración e inseguridad, por lo que se preguntó qué es lo que quieren los socialistas.
'Hay que tener una mínima coherencia', señaló el presidente del Gobierno, quien instó a los partidos de la Internacional Demócrata de Centro (IDC) a 'liderar el debate sin hipocresías y dando respuestas desde la legalidad, la integración, la tolerancia y la capacidad de los países para recibir inmigrantes'.
Ante la posibilidad de una próxima reforma de la Ley de Extranjería, explicó que hay que evaluar la norma actual y ver si es necesaria alguna modificación 'en un futuro más o menos inmediato'.
Para analizar el problema de la inmigración, el comité ejecutivo de la IDC acordó ayer la creación de un grupo de trabajo que analice este fenómeno.
Por otra parte, la cifra de inmigrantes expulsados de España por estancia ilegal ascendió a 2.289 los cuatro primeros meses del año, lo que supone el 59,96% del número de expulsiones registradas en todo 2001, y que se situó en 3.817, según las estadísticas policiales a las que tuvo acceso Europa Press. Así, el número de expulsiones entre los pasados meses de enero y abril se elevó a 2.289, frente a los 3.817 inmigrantes ilegales que lo fueron en todo 2001 a la conclusión de sus preceptivos expedientes de expulsión, lo que representa más de mitad en apenas una tercera parte el año.
Asimismo, las expulsiones aumentaron en 2001 un 311,33% con respecto a 2000, año que en esta práctica afectó a 1.226 extranjeros. A su vez, durante los cuatro primeros meses del año fueron retornados otros 2.221 inmigrantes ilegales desde los puertos y aeropuertos españoles al comprobar la policía que no cumplían los requisitos formales de entrada en España.
Un grupo de inmigrantes integrado por 18 subsaharianos, la mitad de ellos mujeres, y un marroquí fueron localizados por la Guardia Civil en una solitaria carretera costera de Fuerteventura, donde se habían tendido exhaustos tras llegar en patera a la isla la noche del domingo. La Guardia Civil detuvo también ayer frente a las costas de Tarifa (Cádiz) a 61 inmigrantes indocumentados de origen magrebí.