El PP defiende que el Gobierno Zaplana pueda pagar en paraísos fiscales
El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha rechazado una proposición no de ley presentada por el PSPV-PSOE para que el Gobierno de Eduardo Zaplana se comprometiera a no mantener ningún tipo de relación con empresas que tengan su sede social en paraísos fiscales.
Era la cuarta vez que los socialistas presentaban una iniciativa similar, animados en este caso por el escándalo de las cuentas secretas del BBVA. En diciembre de 2000 y de 2001 presentaron sendas enmiendas a la Ley de Presupuestos del año siguiente y en el debate de política general, hace un mes, lanzaron una propuesta de resolución en el mismo sentido y con idéntico resultado negativo.
Tanto la propuesta del PSOE como la negativa del PP tienen como trasfondo el presunto pago de 3,3 millones de euros de la Generalitat a empresas vinculadas al cantante Julio Iglesias y radicadas en Bahamas y las Islas Vírgenes. Los pagos, realizados a través de una efímera sociedad irlandesa, fueron demostrados documentalmente por el diario Levante y nunca han sido negados por el presidente valenciano, Eduardo Zaplana.
Julio Iglesias había sido contratado por el Instituto Valenciano de la Exportación en 1998 para promocionar la Comunidad Valenciana. El contrato era de 2,25 millones de euros, pero el cantante o empresas de su entorno percibieron 3,3 millones más en concepto de gastos.
Según la diputada socialista Cristina Moreno, 'es muy importante que la ciudadanía tenga la certeza de que el Gobierno exige a todos que paguen sus impuestos'. Según Moreno, las empresas que operan en paraísos fiscales no pagan impuestos y algunas son 'tapadera de narcotraficantes, blanqueo de dinero, tráfico de armas o terrorismo'.
El diputado del Partido Popular José Luis Ramírez manifestó en el debate que la Generalitat 'debe ver en cada caso concreto qué empresas ofrecen los mejores precios y servicios, con independencia de que su sede esté o no en paraísos fiscales'.
Ramírez explicó a Cinco Días que no es posible poner en práctica la proposición, ya que la lista oficial -Ministerio de Economía- de paraísos fiscales es muy amplia e incluye países como Taiwan o Singapur, con los que 'sería difícil' cortar la relación comercial. 'Incluso podría no ser legal', añadió.
El PSOE insistirá
El PSPV-PSOE ha anunciado que insistirá con la iniciativa porque 'es ética y moralmente justo' y ha propuesto pactar un texto que recoja las objeciones de los populares, como por ejemplo, incluir en la prohibición sólo los países que no tienen más actividad económica que la financiera.
Sin embargo, Ramírez se muestra escéptico: 'No creo que la Generalitat pueda dejar fuera de las licitaciones a empresas sólo por su nacionalidad y, además, sería muy injusto pensar que todas las empresas radicadas en un paraíso fiscal se dedica a actividades ilícitas'. El PP añade otro argumento a su negativa, como es el perjuicio que se causaría a organizaciones de ayuda humanitaria que operan en algunos de estos países y que están radicadas allí.