Jueces y fiscales rechazan la prisión preventiva para delitos económicos
Por muy grave que sea un delito económico, jamás justifica que se impongan las medidas cautelares más graves'. Así lo afirmó ayer el letrado del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Choclán, en el curso de unas jornadas sobre delito fiscal, blanqueo de dinero y responsabilidad de los asesores fiscales organizadas por Datadiar.com y con el patrocinio de Cinco Días.
Choclán cuestionó la posibilidad de imponer la prisión preventiva en casos de delitos económicos. Un tema en el que coincidieron otros participantes. Para el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Ángel Calderón, 'el interés por conseguir la verdad no puede hacerse a toda costa' y añadió que 'la prisión provisional no puede convertirse en un elemento que sirva para la investigación, ni es una entrega a cuenta de la prisión posterior' en que consista la condena.
El fiscal jefe de la unidad de delitos económicos de Madrid, Carlos Saiz, afirmó que 'el mayor problema de la justicia es la lentitud y a veces parece que se quiera luchar contra ella a costa de las garantías del procedimiento'. Los expertos, entre los que también se encontraba el abogado Íñigo Segrelles, mantuvieron su acuerdo en que medidas como la detención, la prisión preventiva o incomunicada deben ser 'limitadísimas y excepcionales' en casos de delitos económicos.
Sobre las precauciones que deben llevarse a cabo durante la investigación, el fiscal jefe de delitos económicos de Madrid afirmó que 'se echa de menos una mayor especialización de la policía judicial' y un mayor control de las entradas y registros. Saiz propuso también la creación de un estatuto del imputado que aclarara su margen de acción y de recursos y así 'se evitaría que a un juzgado llegara lo que no debe llegar'.
Asesorías responsables
Choclán, que analizó el papel de los asesores fiscales en los delitos económicos, señaló que 'el asesor fiscal justifica su actuación en la aportación de conocimientos que el asesorado no conoce y pueden ayudar a cumplir las obligaciones fiscales, pero también a eludir impuestos'. En su opinión, la responsabilidad del asesor fiscal es clara cuando el cliente le nombra su representante. Pero, la misma responsabilidad debe darse cuando, sin ostentar la representación de su cliente, tiene 'una posición de dominio o control' sobre la situación delictiva.
Para el abogado José Manuel Díaz-Arias, en la actualidad se está asistiendo a la criminalización de la vida societaria y afirmó que 'se está en una dinámica de castigar conductas empresariales por la vía penal'. Según él, al tratarse de temas en ocasiones muy complicados, 'la prudencia es buena y es adecuado que el juez tenga asistencia porque no tienen por qué saber de todo'.
A lo que añadió que en 'España pierden el sentido común en determinados procedimientos'.
50.000 horas dedicadas al peritaje judicial
Según el director de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Jesús Bermejo, 'ahora mismo la Agencia Tributaria está bastante colapsada con las actuaciones judiciales'. Sólo en el año 2001, 128 inspectores y 114 subinspectores colaboraron con la justicia en 437 expedientes. En total, más de 50.000 horas dedicadas al auxilio y el peritaje judicial. A lo que hay que sumar 60 inspectores dedicados en exclusiva a este auxilio. El motivo, la solicitud que les formulan los jueces para que les ayuden en la investigación de los delitos económicos.
Bermejo, que presentó ayer las jornadas sobre delito fiscal, estimó que la colaboración con la justicia es necesaria para la represión de los delitos económicos. 'Lo que pasa', añadió, 'es que hurta efectivos a Hacienda'.
Sobre las precauciones en esta colaboración, Bermejo dijo que los peritos de Hacienda, aunque sean inspectores y tengan conocimientos sobre los investigados, no pueden utilizar la información de Hacienda para ayudar al juez.