El PP acusa al PSOE de querer contaminar la privatización de Trasmediterránea
El Partido Popular acusó hoy al PSOE de querer "obstaculizar" y "contaminar" el actual proceso de privatización de la compañía naviera Trasmediterránea, con propuestas en el Congreso de los Diputados "inoportunas" y "superfluas".
Concretamente, esta proposición no de Ley, rechazada por el PP, instaba al Gobierno a remitir a la Comisión de Infraestructuras el texto del plan de flota de la compañía, los acuerdos comerciales que mantiene con las restantes empresas navieras y la explicación detallada de sus actuaciones en la empresa marítima Navicon ("actualmente casi en quiebra", según el diputado socialista José Segura). Jiménez aseguró que "se han privatizado 52 empresas y no ha habido ninguna discrepancia por parte de los partidos políticos sobre la forma o legalidad de los procesos".
También recordó que existe una subcomisión de privatizaciones en la Comisión de Economía, por lo que "no es oportuno" presentar iniciativas sobre el proceso de Trasmediterránea en la de Infraestructuras. En la proposición rechazada hoy también se instaba al Gobierno a evaluar la calidad de los servicios prestados por Trasmediterránea en cumplimiento de los contenidos del contrato que la vinculó desde enero de 1998 hasta diciembre del 2001 con Fomento para servir las rutas de interés público que se establecieron.
En opinión del diputado popular, no es necesario hacerlo, ya que el contrato ya venció y se cumplieron todos los requisitos establecidos, "entre ellos los de calidad".
Otra de las reclamaciones del texto era instar al Gobierno a que Trasmediterránea garantizara el mantenimiento de la flota Jet-Foil que durante los últimos veinte años ha prestado los servicios de comunicación entre los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Corralejo, en la isla de Fuerteventura. A este respecto, Jiménez afirmó que "no se pueden poner cortapisas a un proceso de privatización" y que, "por pedir", lo lógico no sería pedir el mantenimiento de la flota, sino su aumento y modernización.
Además, la propuesta reclamaba el establecimiento de un plan de mejora y ampliación de las terminales marítimas que son de la propiedad de la compañía, sin que ello implique la ampliación de las concesiones otorgadas por las Autoridades Portuarias. El texto añadía que se debía impedir que las Autoridades Portuarias autorizaran la modificación de usos de las citadas terminales si no tienen que ver con los vinculados directamente con los servicios requeridos por los usuarios de la naviera. Para Jiménez, estas instalaciones son concesiones públicas a las Autoridades Portuarias, que tienen que cumplir con los requisitos y "no podemos presuponer lo contrario".
En definitiva, el popular consideró que el PSOE "quiere entorpecer el proceso" y aseguró no entender muy bien "si está en contra o a favor del proceso", que actualmente se encuentra en el momento de recepción por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de ofertas vinculantes para la compra de la compañía.
Durante la primera quincena de este mes se recibirán las citadas ofertas, después de que diez consorcios hayan presentado otras tantas no vinculantes, con el objetivo de que la privatización concluya en la segunda quincena de julio o en la primera de septiembre, según calcula la SEPI.