Carta de UGT y CC OO a Aznar para que retire la reforma del desempleo
Señor Presidente:
El pasado día 11 de abril su Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, nos comunicó a las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) la decisión unilateral de abordar un conjunto de medidas que suponen, entre otras cosas, un profundo cambio de las prestaciones por desempleo, que además está acompañado de una substancial modificación de los despidos improcedentes. Esta decisión se vio confirmada en la reunión mantenida el pasado 17 de abril con el Secretario General de Empleo, quien nos hizo entrega de un documento en el que se recogen las medidas que su Gobierno pretende adoptar. Según el planteamiento que se nos traslada, la reforma será en todo caso aprobada, y cualquier hipotética negociación debería versar exclusivamente sobre cuestiones que no modifiquen lo sustancial de la ya decidida reforma.
Lamentablemente, tanto por el contenido de las mismas como por la forma en que nos fueron presentadas, el Gobierno renuncia con ello al camino del diálogo y la negociación que siempre hemos defendido y practicado las organizaciones sindicales ante cualquier cambio o reforma que afecte a los derechos laborales y sociales. No es posible hablar de negociación cuando no se ha establecido de común acuerdo el objetivo perseguido; cuando sólo se pretende consultar nuestras opiniones de cara a la aplicación de medidas ya decididas y que no compartimos; cuando se nos dice que se trata de medidas que saldrán adelante con independencia de que haya o no consenso sobre ellas; cuando se nos comunica (sin justificación alguna de su urgencia) que deben estar aprobadas antes del próximo verano y que, por lo tanto, como colofón los plazos de consulta han de ser breves. Como ve, no es posible hablar de negociación cuando no se respetan las formas más esenciales y cuando no se respetan las opiniones de las partes que deben participar en la misma.
El documento que se nos ha entregado el pasado 17 de abril y la forma en que se presentó cierran cualquier posibilidad de abrir un proceso fluido de negociación y así se lo hicimos saber al Secretario General de Empleo en la reunión mantenida el pasado día 29 de dicho mes. Es un documento que, si fuera cierto que se desea negociar, no tiene más alternativa que su retirada del actual escenario para facilitar que entre todos consigamos un acuerdo que realmente permita abordar los problemas que tiene la sociedad española para acercarse al pleno empleo, de calidad y con derechos, protegiendo además mejor a quienes estén, a su pesar, en situación de desempleo.
Con la nueva definición que se pretende hacer de la protección ¢frente¢ al desempleo, se cambia la naturaleza jurídica de la protección por desempleo, no reconociéndose ya como sistema de protección económica, excluyéndola del sistema de la Seguridad Social y pasando a formar parte simplemente del conjunto de las políticas activas. Todas las prestaciones, incluidas las contributivas, quedan condicionadas a que el trabajador o trabajadora firme obligatoriamente un ¢compromiso de actividad¢ con el Servicio Público de Empleo. Las prestaciones no se considerarían así un derecho por haber trabajado y cotizado previamente, que se ejercita en una situación indeseada, sino que se culpabiliza a las personas en paro por percibir aquello para lo que han contribuido como si estuvieran ¢defraudando¢ al conjunto de la sociedad. Se intenta pasar de un modelo basado en derechos reconocidos para cada trabajador, y por tanto exigibles por cada uno de ellos, a un modelo basado en la concesión administrativa en el que el trabajador o trabajadora parece carecer de derecho alguno.
Romper así los cauces de negociación que en los últimos años se han venido desarrollando para adoptar estas medidas nos resulta incomprensible. No consideramos conveniente modificar el actual sistema de la protección al desempleo en los términos propuestos ni vemos motivos para ello.
El propio ¢Plan de Acción para el Empleo del Reino de España 2002¢ elaborado por su propio Gobierno, señala que ¢en términos generales, el sistema español de protección social no engendra trampas de pobreza, ya que la prestación es claramente inferior al salario... Un trabajador con salario medio que queda en desempleo percibe durante los primeros meses unos ingresos netos en torno al 72% de su salario neto anterior (salvo en el sector agrario en el que la tasa de sustitución es inferior a un 40%)¢. Además, teniendo en cuenta que en este momento las cotizaciones por desempleo tienen un excedente de unos 3.600 millones de euros, ¿cuál es la urgencia y la necesidad de proponer fuertes recortes en la prestación? Más parece que la nueva reducción de impuestos anunciada pudiera requerir asegurarse este colchón de ingresos, algo que sería profundamente injusto e intolerable.
UGT y CC.OO. tenemos, como usted bien sabe, alternativas para mejorar tanto el sistema de protección por desempleo como el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo. Alternativas que se presentaron ya hace casi tres años, porque al menos desde entonces venimos demandando su reforma, sobre cómo debía ser reformado el sistema de protección por desempleo. Alternativas que, en lo referido a los Servicios Públicos de Empleo, fueron objeto de un amplio debate y de consenso en el seno del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo. Alternativas que su Gobierno conoce, puesto que ante cada Plan de Acción para el Empleo ambas organizaciones sindicales las hemos venido reiterando. Su Gobierno las conoce, pero las ha ignorado a la hora de presentar sus medidas. Alternativas que pretenden perfeccionar el acceso al subsidio de los colectivos más desprotegidos, que buscan una equivalencia más justa entre cotización y prestación, y que persiguen aumentar la inversión en políticas activas que faciliten realmente el acceso a un empleo.
Señor Presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de facilitar el despido. Eliminar los salarios de tramitación, correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha del despido y la declaración de improcedencia del mismo, sólo tiene como objetivo abaratar el despido y facilitar la libre decisión empresarial de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo, aunque el despido producido no se ajuste a derecho ni tenga causa justa. Una medida que desdibuja la diferencia entre los contratos indefinidos y los temporales al eliminar en buena parte las consecuencias derivadas de la finalización del contrato en uno y otro caso. Desdibuja, igualmente, la diferencia entre un despido procedente y otro improcedente. Y rompe el equilibrio alcanzado en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo. En definitiva, un despido más libre y barato que aumentará la precariedad en nuestro mercado laboral al aumentar la intensidad de la rotación en el empleo, al descausalizar la contratación temporal y al desestabilizar la relación laboral.
Una medida que perjudica de manera directa a cualquier trabajador despedido de forma improcedente. Pierde la indemnización complementaria por salarios de tramitación que corresponde a un periodo de tiempo en el que debió estar trabajando, puesto que su despido fue injusto. Pierde las cotizaciones, correspondientes a ese periodo, tanto a la Seguridad Social como al desempleo, y con ello se reduce la base de cálculo para las prestaciones que en su caso pudieran corresponderle. Y pierde un tiempo que ahora es computable a efectos de las prestaciones sociales.
Señor Presidente, usted sabe también que no es posible negociar una reforma que trata de recortar los derechos y prestaciones de los trabajadores. Que produce un recorte directo a quienes tienen un contrato de inserción y a quienes son fijos-discontinuos en actividades y campañas que se repiten en fechas ciertas, a quienes se deja sin protección por desempleo. Por otro lado, el subsidio para trabajadores eventuales agrarios deja de ser un derecho. Sólo se mantiene para quienes ya han accedido a él otros años, pero no para quienes pudieran ingresar por primera vez. A cambio se establece un nuevo sistema contributivo para los trabajadores del campo para todo el Estado. Pero dada la precariedad laboral en el sector del campo estos trabajadores y trabajadoras tendrán muy difícil reunir las cotizaciones suficientes para acceder a él (un mínimo de 360 días). Además, es discriminatorio respecto al sistema general: por cada año de cotización los trabajadores del campo tendrán derecho sólo a 3 meses de prestación, cuando en el sistema general son 4 meses, y tampoco se podrá acceder al subsidio.
A los recortes mencionados se añaden fuertes límites para acceder a la protección por desempleo para los emigrantes retornados o para quienes además de estar despedidos ven como la indemnización percibida por ello les impide luego acceder al subsidio, algo especialmente dramático para quienes tienen más de 52 años. Recortes en la posibilidad de capitalizar en pago único la protección económica por desempleo, dificultando las posibilidades de integración en las sociedades laborales, en las cooperativas de trabajo asociado o para instalarse como autónomos, actividades en las que es fundamental el capital inicial aportado. Y dificultades para los trabajadores, sobre todo para los que tengan un contrato temporal, que verán retrasado su acceso a la prestación durante el tiempo en que debieran haber disfrutado de vacaciones, penalizando al trabajador por el incumplimiento de una obligación empresarial.
Por último, señor Presidente, usted sabe que no es posible negociar una reforma que trata de expulsar de forma arbitraria a quienes reciben alguna clase de protección por desempleo. Los beneficiarios de prestaciones tendrán la obligación de aceptar las ofertas de trabajo que el Servicio Público de Empleo considere adecuadas, aunque no se ajusten a la profesión demandada, o el salario sea inferior a los anteriores, o haya que desplazarse hasta 50 Km (siempre y cuando no suponga más de 3 horas de viaje y no supere en gastos el 20% del salario). Y todo ello aunque los contratos ofrecidos sean temporales y/o a tiempo parcial.
Quienes estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años o la Renta Activa de Inserción podrán verse obligados a aceptar ofertas de empleo con bajo salario, aunque sigan recibiendo una parte de la prestación mientras ésta dure. Esta medida beneficia al empresario, profundiza en la precariedad laboral de estos trabajadores y no resuelve sus problemas de empleo.
CC.OO. y UGT hemos trabajado, y seguiremos haciéndolo, de forma constructiva para contribuir a resolver los problemas económicos y sociales que afectan a nuestra sociedad y, de forma especial, a los trabajadores y trabajadoras. Estamos convencidos de la necesidad de impulsar un crecimiento económico capaz de conjugar el reparto de los esfuerzos para hacerlo posible y de la riqueza generada con el crecimiento del empleo y la mejora de los sistemas de protección social.
La economía española necesita un fuerte impulso de su capacidad de innovación, de inversión y desarrollo. Necesitamos, precisamente, impulsar a aquellos sectores que contribuyen a un mayor desarrollo tecnológico, que requieren una formación de calidad y permanente, que permiten reforzar una economía basada en el conocimiento y en la capacidad de generar valor añadido. Es esto lo que nos debiera colocar en el centro de la economía europea y lo que nos debiera permitir tener una economía competitiva basada en el empleo de calidad, en términos como los definidos en el reciente Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva del año 2002 (ANC-2002), fruto de la responsabilidad sindical y que no se está viendo correspondida.
Mientras que el ANC-2002 es una muestra del valor del diálogo y la negociación para resolver problemas y encauzar nuestra economía en una dirección adecuada, en la que el empleo, la protección y la igualdad contribuyen a fortalecer el tejido productivo y a incorporar valor añadido, el documento presentado por su Gobierno el pasado día 17 de abril significa exactamente lo contrario. Rompe los cauces de negociación y, además, significa la opción por una economía basada en la reducción de los costes laborales como única vía para la competencia, a la que se le añade la reducción de los sistemas de protección por considerarlos inadecuados y costosos, y en la que el valor que se le confiere a la formación y a la cualificación resulta marginal.
En definitiva, más allá de lo concreto, las medidas parecen optar por un modelo de crecimiento económico que nos aleja en términos económicos y sociales de la convergencia en la Unión Europea, nos encamina hacia la periferia y no hacia el centro, a lo marginal y no a lo esencial, a mirar al pasado y no al futuro.
UGT y CC.OO. seguiremos aportando nuestros esfuerzos y conocimientos para que la sociedad española avance en otra dirección, en la del pleno empleo, con calidad, seguro y con derechos. Con propuestas que faciliten la incorporación de las mujeres al mercado laboral, en condiciones de igualdad; que faciliten el acceso a un empleo de cualquier joven que lo busque, de manera que su formación y su trabajo tengan alguna relación; que permitan avanzar en la innovación, la investigación y el desarrollo; que permitan facilitar un empleo a quien está desempleado y le proteja económicamente mientras tanto. Es en esta negociación en la que queremos estar. Una negociación desarrollada libremente, sin condiciones y plazos considerados intocables.
Confiamos en que usted adopte las decisiones oportunas para conseguir que la negociación siga siendo la base de los cambios producidos. Una negociación que, insistimos, sólo será posible retirando el documento de medidas comunicado por el Ministerio de Trabajo y abriendo un proceso que, de manera cierta, contribuya a mejorar el funcionamiento y la cobertura del sistema de protección por desempleo y a establecer medidas para alcanzar el objetivo del pleno empleo, contribuyendo así a la convergencia real en la Unión Europea. Nosotros, CC.OO. y UGT, valoraremos el próximo día 23 de mayo en nuestros respectivos órganos de dirección la situación creada y adoptaremos las decisiones oportunas.