...Y recogieron tempestades
El grito más coreado en las manifestaciones de ayer, Primero de Mayo, fue el de huelga general. Aunque los dirigentes sindicales no formalizaron la convocatoria a la espera de la respuesta que José María Aznar les dé a la carta que le han remitido y de la reunión el próximo día 23 de los máximos órganos de CC OO y UGT, parece que el conflicto está servido. Más aún tras la fallida reunión del pasado lunes en el Ministerio de Trabajo, en la que el Gobierno no quiso reconducir las negociaciones sobre la reforma de las prestaciones por desempleo y el abaratamiento de los despidos improcedentes, manteniendo sus propuestas como único marco para la discusión. Admitir la posibilidad de encajar algunos retoques o matices en las medidas previamente diseñadas por el Gobierno no es negociar sino edulcorar la sumisión. Sin embargo, la negociación más aplazada es precisamente la de la ya obsoleta Ley Básica de Empleo que data de principios de los años ochenta y la del sistema de prestaciones, reformado varias veces a golpe de decreto desde 1992 con el único objetivo de recortarlas mientras han ido cambiando el mercado laboral y las características de los beneficiarios.
Desde 1993, el gasto en prestaciones por desempleo se ha reducido un 47,3%, mientras los ingresos han aumentado en un 31,3% (evolución en términos reales para ambos parámetros), arrojando un superávit al finalizar 2001 de 3.600 millones de euros. El número de beneficiarios ha caído cinco puntos porcentuales más que la tasa de desempleo. Los colectivos menos protegidos son las mujeres (el 39%) y los jóvenes (entre el 30% y el 16% según sean hombres o mujeres, respectivamente). El subsidio asistencial (54.090 pesetas) es el que ha sufrido una caída más acusada, el 57,2%, y el tan denostado subsidio para los trabajadores del Régimen Especial Agrario apenas lo cobran el 11%, tendiendo a la baja (2.000 perceptores menos el año pasado en contra de lo que afirma el Gobierno en el preámbulo de su propuesta) y con tan sólo una expulsión del 0,3% por distintas irregularidades. Simultáneamente, el Inem sólo interviene en el 17% de las recolocaciones, lo que pone en evidencia su ineficiencia como canalizador de la ocupación existente entre los parados y las empresas que demandan empleo.
Pero el Gobierno no quiso acometer las negociaciones oportunas en el periodo de mayor crecimiento de la economía y del empleo (como sugirieron las centrales sindicales), que habría sido el mejor momento para diseñar una buena reforma con el clima menos tenso que se vive en tales etapas y bien orientada hacia la mayor imbricación con las políticas activas de empleo, la mejora del Servicio de Empleo y la más efectiva solidaridad del sistema.
Ahora, cuando a pesar de que las previsiones de crecimiento económico están ligeramente por encima de la media europea pero también se prevé un aumento del desempleo, es cuando el Gobierno se apresura a presentar modificaciones del seguro de paro. No obstante podía plantearse la reforma, pero con un talante más abierto a la negociación, poniendo mayor cuidado en concertarla sin posiciones tan ahormadas de antemano como ha mantenido el Gobierno, precisamente porque ya no estamos en la mejor de las coyunturas para abordar asuntos de esta naturaleza.
Se miren por donde se miren, las medidas gubernamentales sólo van encaminadas a facilitar la expulsión de perceptores del sistema de prestaciones por desempleo, ya sea por el nuevo concepto de la oferta adecuada de empleo y su arbitrario mecanismo de evaluación o por lo nuevos dinteles de renta para mantener o acceder a las prestaciones. Si es en el Régimen Especial Agrario, donde se arguye desde el ministerio que va a extenderse el seguro contributivo a todas las regiones, hay que señalar a continuación que la exigencia de cotizaciones establecidas es tan discriminatoria en relación a los cotizantes del régimen general que van a impedir el acceso al desempleo de la mayoría de los eventuales agrícolas. A la regresividad de las medidas se le ha añadido la involución en el diálogo social puesta de manifiesto en las sucesivas declaraciones del presidente y de varios ministros. Las reformas por consenso puede que no sean siempre las más eficaces, pero hasta la fecha son las que han dado mejores resultados y más estabilidad social. Como también está demostrado empíricamente que las impuestas sin atender a razones han fracasado y han sembrado los vientos que terminaron cosechando tempestades de conflictividad.