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Terrorismo

La policía encuentra un arsenal de ETA a 70 kilómetros de Toulouse

La operación policial contra el entramado financiero de Batasuna, con 12 detenciones en total, ha coincidido con el hallazgo en la localidad francesa de Castres, situada a 70 kilómetros de Toulouse, de un arsenal de ETA. La gendarmería ha encontrado también en Hendaya una furgoneta con abundante documentación de la coalición abertzale.

La policía ha encontrado en el piso descubierto ayer en la localidad de Castres, a 70 kilómetros de Toulouse, 32 granadas, 10 subfusiles, una pistola y 5.000 proyectiles de diferentes calibre. De las granadas, 20 son de carga hueca y 12 de fusil; a lo que hay que sumar lanzagranadas, silenciadores y cargadores. También ha sido intervenido cordón detonante perteneciente a la empresa Titadine, asaltada por ETA, así como componentes electrónicos para la fabricación de bombas, informa Efe.

La vivienda fue alquilada a mediados de agosto del año pasado por Juan Ramón Lete y Laurentza Beyre, ambos presuntos componentes del aparato logístico de ETA, detenidos el pasado 12 de diciembre en Auch junto a otros dos activistas de la banda.

La policía registró el piso a raíz de la denuncia presentada por su propietario, que llevaba varios meses sin cobrar el alquiler. Al visitar la vivienda, encontró varias armas y dio aviso a los gendarmes.

El hallazgo del último arsenal se produjo el pasado enero en una vivienda de Serres-Castet, en el suroeste de Francia, en la que se encontraron cerca de 700 kilos de dinamita procedente del robo de Plévin. A finales de ese mismo mes, seis presuntos etarras fueron detenidos en las afueras de Burdeos.

El hallazgo de este arsenal se suma al de una furgoneta cargada con documentación de Batasuna, que fue interceptada en Bayona en la noche del lunes, coincidiendo con la operación policial desplegada en el País Vasco y Navarra contra miembros de la coalición abertzale.

La policía francesa intervino en este automóvil archivos de Batasuna. El vehículo entró en Francia procedente de San Sebastián. Su conductor, de nacionalidad francesa, que había sido detenido en Francia hace años por presunto apoyo logístico a ETA, fue arrestado e interrogado en la propia comisaría de Bayona.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, destacó ayer la importancia de la operación policial contra el entramado financiero de Batasuna, que considera desarticulado tras la detención de 12 personas.

Según la información transmitida por Rajoy, dicho entramado contaba con empresas ubicadas en paraísos fiscales de Europa y América. A través de ellas se blanqueaba dinero procedente de secuestros, así como del impuesto revolucionario.

Banaka, la empresa matriz

Esta investigación comenzó en el otoño de 1998 y de la misma se desprende que en 1992 ETA-KAS constituyó una estructura y estrategia financiera con varios objetivos. Uno de ellos era que una parte del complejo pudiera autofinanciarse y no estar dependiendo constantemente de las inyecciones económicas que les suministraba hasta entonces el 'frente militar'.

Otro objetivo era destinar fondos a la creación de empresas en el exterior que sirvieran para mantener a los activistas huidos. En todo este entramado empresarial surgió Banaka, empresa dependiente de Herri Batasuna en su momento, que se encargó de la constitución, gestión y asesoramiento de diversas sociedades, entre ellas las denominadas herriko tabernas, a través de las cuales se desarrollan, según el ministro del Interior, operaciones financieras relacionadas con el entramado económico ETA-KAS-EKIN. Interior considera que Banaka era la sociedad matriz de la que surgió el entramado financiero y económico dependiente de Herri Batasuna. Tuvo como presidente de su consejo de administración a José Luis Franco Suárez, de 62 años, detenido el lunes en su domicilio de Vizcaya, en el transcurso de la operación policial dirigida por el juez Baltasar Garzón.

Entre los detenidos figura también el tesorero de Batasuna, Jon Gorrotxategi, quien ya fue arrestado en Francia hace un mes cuando transportaba en un vehículo más de 200.000 euros. Está acusado de financiación del terrorismo, entre otros cargos.

El Gobierno vasco y el PNV critican la redada

 

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Jon Imaz, puso en duda ayer que la operación policial ordenada por el juez Baltasar Garzón contra el entramado financiero de Batasuna se ajuste al Estado de derecho y opinó que todo 'apunta a la preparación del terreno político para la aprobación de la Ley de Partidos'.

 

 

 

 

 

 

 

El portavoz del Gobierno Vasco criticó el 'modo' en el que se han llevado a cabo las 12 detenciones practicadas contra miembros de Batasuna, 'prácticamente televisadas y retransmitidas', y opinó que el procedimiento seguido invita a pensar que 'alguien ha jugado con el Estado de derecho'.

 

 

 

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, también criticó la actuación del juez Garzón y preguntó al magistrado de la Audiencia Nacional 'cuándo diablos desentrañará la red financiera de ETA' si 'lleva cuatro años y sigue deteniendo' a miembros de la izquierda abertzale.

 

 

 

El dirigente socialista Juan Fernando López Aguilar respondió ayer al PNV que luchar contra ETA 'no sólo es que los ertzainas hagan detenciones, sino tener los ojos bien abiertos para ver que la banda no sólo es el comando con la pistola en la mano'. En este sentido, exigió a los nacionalistas vascos un compromiso 'a fondo' en este combate.

 

 

 

El ministro de Justicia, Ángel Acebes, anunció ayer que cuando el Tribunal Supremo ilegalice Batasuna, se podrá incorporar a esta coalición a la lista europea de organizaciones terroristas. Acebes advirtió al PSOE que el Gobierno está en contra de 'poner a cero el contador' de la formación abertzale en la aplicación de la Ley de Partidos y no considera que plantee problemas de retroactividad el tener en cuenta la trayectoria anterior de Batasuna a la entrada en vigor de la nueva norma.

 

 

 

El ministro precisó que, una vez Batasuna sea disuelta, se habrá conseguido el objetivo de cortar la financiación pública a esta coalición. 'Es muy difícil explicar a los ciudadanos españoles y europeos que no se puede financiar un partido político porque colabora con el terrorismo si resulta que ese partido es legal en España', comentó.

 

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