Economía quiso imponer a Trabajo un recorte general de prestaciones
La propuesta de reforma del sistema de protección por desempleo presentada por el Gobierno fue fruto de un amplio debate previo entre los Ministerios de Economía y Trabajo. El departamento que dirige Rodrigo Rato planteó cambios similares a los producidos en 1992, con recortes en las cuantías del seguro y en su duración, así como ampliación de los periodos mínimos de cotización exigibles. Trabajo logró neutralizar tal propuesta, a cambio de aceptar la eliminación de los salarios de tramitación, demanda tradicional de la patronal.
Las tesis de Economía son similares a las aplicadas por el Gobierno de Felipe González en 1992, aunque la situación actual y aquélla no tienen parecido alguno: ahora las cotizaciones por desempleo proporcionan un abultado superávit financiero, y en 1992 el sistema había entrado en déficit. No obstante, Economía sigue considerando que los sistemas de protección desincentivan la búsqueda de empleo en España; por ello propuso recortes en las prestaciones, tanto para las cantidades como para el periodo de cobro en algunos casos, así como un endurecimiento de los plazos de cotización para tener derecho a prestación de seguro y de subsidio.
Sin embargo, Trabajo ha defendido que debe aplicarse el mismo rasero que en la reforma de las pensiones, lo que supone consolidar el sistema sin recortar ninguna prestación. En la discusión se impusieron las tesis de Trabajo, pero Economía logró incluir la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, una vieja demanda de la patronal. Economía considera que los principales obstáculos a la contratación fija siguen alojados en el coste del despido, y los salarios de tramitación encarecen la indemnización por despido exponencialmente en los casos en los que la antigüedad de los trabajadores no supera los dos años.
La eliminación de los salarios de tramitación ha sido precisamente el detalle que los sindicatos más han criticado de la reforma propuesta; pero ahora Trabajo está dispuesto a suavizarlo, poniéndole limitaciones, mientras que Economía quiere a toda costa eliminarlos por ley, abonando la prestación por desempleo desde que se produce el despido.
Parte del Gobierno ve inevitable la huelga
El Gobierno mantiene abierto un debate interno acerca de la estrategia a mantener en la negociación con los sindicatos y la patronal para reformar la protección por desempleo y el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura.
Una parte del Gobierno considera que la huelga general es inevitable, porque los sindicatos han llegado a la conclusión de que tienen que nuclear la oposición social tras seis años de gobierno de la derecha. Por ello consideran que independientemente de los contenidos que se negocien sobre desempleo, habrá un paro general antes del verano, y que es inútil ceder. Puestos en esta tesitura, defendida básicamente por el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, lo conveniente es que el paro general sea cuanto antes, para que esté lo más alejado posible de los procesos electorales de 2003 y 2004.
Otra parte del Gobierno, en la que se encuadra Trabajo, es partidaria de evitar la huelga, moderando suficientemente la reforma del seguro de paro.