428.924 inmigrantes han sido regularizados de forma extraordinaria en dos años
El Gobierno ha regularizado en los últimos dos años a 428.924 inmigrantes extracomunitarios que se han acogido a alguno de los cuatro procesos de legalización extraordinaria, lo que representa el 63,35% de las 676.985 solicitudes presentadas, según datos facilitados por el secretario de Estado para Extranjería, Enrique Fernández Miranda.
Tras estos procesos y a 31 de marzo de 2002, en España reside de forma legal un total de 1.243.919 extranjeros, de los que 458.595 proceden de la Unión Europea, y 785.324 (65%), de países extracomunitarios.
Fernández Miranda presidió ayer en Barcelona la reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, que analizó el proceso de regularización por arraigo, el último de los procesos extraordinarios establecidos, y cuya presentación de solicitudes finalizó el pasado 1 de agosto.
El Gobierno ha concedido permiso de residencia por este concepto a un total de 216.352 inmigrantes, lo que supone un 62% de las 350.158 solicitudes presentadas, de las que un 7% aún están pendientes de resolver.
Por comunidades autónomas, Madrid ha sido en la que se han concedido más permisos por arraigo, con 80.906 solicitudes aceptadas, seguida por la Comunidad Valenciana (40.151) y Andalucía (27.085).
La colonia extranjera más numerosa en España continúa siendo la marroquí, con 247.940 personas: seguida por la ecuatoriana, con unas 124.000 personas. Así, ya existen 675.410 extranjeros afiliados a la Seguridad Social, de los que 508.832 proceden de fuera de la UE. Además, hay 102.595 extranjeros desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Inem.
Torturas a extranjeros
Por otra parte, Amnistía Internacional denunció ayer la existencia de más de 321 casos de torturas y malos tratos a miembros de minorías étnicas e inmigrantes o extranjeros en España a manos de agentes del Estado, cometidos desde 1995 hasta comienzos de 2002.
Entre los casos que se detallan en este informe hay seis casos de muertes en custodia y cinco de violación o asalto sexual por parte de agentes del Estado.