El Grupo Caja Rural abre un expediente de expulsión a Cajamar

Las constantes críticas que ha venido lanzando la mayor parte de las cajas rurales contra Cajamar finalmente han estallado en un rechazo frontal. Los 77 socios de Cajamar en el Grupo Caja Rural votaron por unanimidad, en la asamblea de la asociación de cajas rurales del pasado 21 de marzo, abrir un expediente para expulsar a la entidad andaluza de la formación, según fuentes del grupo.

La acusan de practicar un modelo de negocio al margen de la agrupación y la última crítica que le echaron en cara en la asamblea fue no querer aportar capital a la filial informática de las cajas rurales.

Ahora hay un periodo en el que Cajamar puede presentar alegaciones y luego la asamblea decidirá bien la expulsión bien revocar el expediente. Diversas fuentes apuntan como muy posible la salida de la rural de Almería y Málaga (ahora denominada Caja Rural Intermediterránea, con la marca Cajamar), aunque la entidad ha declarado oficialmente que no tiene voluntad de dejar el grupo.

De hacerse efectiva la salida, el propio sector interpreta que el grupo sería el más perjudicado porque perdería el 20% de sus activos (de 33.350 millones de euros), que le sitúan como sexto grupo financiero del país en dimensión. Seguiría en este puesto, por detrás del Banco Popular, pero a mucha menos distancia del Sabadell.

Clima de tensión

Hay que aclarar que las 78 cajas rurales no funcionan como un grupo consolidado, sino de forma independiente, aunque comparten tres filiales que les dan un servicio común: el Banco Cooperativo (el brazo financiero), RSI (sociedad de servicios informáticos) y RGA (aseguradora).

Precisamente el detonante del conflicto con Cajamar ha sido la petición de aportación al capital de la filial RSI. Cajamar cuenta con algo menos del 11% y rechazó hacer su contribución de en torno a 1,8 millones de euros, según la versión del grupo. El clima de tensión y enfrentamiento en la asamblea fue tal que los representantes de Cajamar terminaron por abandonarla precipitadamente.

Si bien fuentes de la entidad expedientada aseguran que finalmente sí aceptó aportar el dinero, pero a cambio de poder reducir su participación en el capital hasta una posición testimonial.

Cajamar acaba de comprar el 5% del capital de Inversis -entidad financiera por Internet participada por Caja Madrid, Zaragozano y la CAM-, lo que ya le proporciona un buen soporte para dar servicio en la Red. Por eso cree que no debe pagar por la plataforma de RSI, que no aprovechará al máximo. Las cajas rurales ven mal que Cajamar 'vaya por libre'.

Mientras, la entidad defiende que haya libertad para que los miembros del grupo elijan los servicios que ofrece.

Cajamar es la rural más activa en negocio y en expansión. Sin olvidar al cliente del ámbito agrario, se ha marcado un plan para conquistar al urbano y ha desembarcado en Madrid y Barcelona. Este año abrirá 75 nuevas oficinas.

Una unión real

En pleno conflicto con Cajamar, las cajas rurales afrontan un momento clave. En la reciente asamblea se presentó un documento a las entidades para que estudien y decidan si quieren una unión real. Esto significaría formar un verdadero grupo consolidado e integrar sus balances.

El fin es ganar tamaño para afrontar la fuerte competencia que se da en el sistema financiero. æpermil;ste es el mensaje que el Banco de España les ha enviado reiteradamente. El documento plantea la adhesión al grupo como algo voluntario y no establece plazos, según fuentes del sector.

Mientras, la Asociación Española de Cajas Rurales, la verdadera voz del Grupo Caja Rural, está en trámites para nombrar un nuevo presidente. Antonio Luis Romero, que ocupaba el cargo hasta hace dos semanas y presidía también la Rural de Granada, ha presentado su dimisión.

Romero deja el cargo porque ya no es presidente de la rural granadina tras perder unas elecciones polémicas en las que un juez tuvo que intervenir para validar el proceso.