La fiscalía ampliará la investigación a directivos que están en otros bancos
Los hilos del entramado financiero del BBVA pueden acabar tocando a su rival, el Santander Central Hispano, según fuentes de la investigación judicial, que aseguran que las actuaciones se remontarán a 1987. En esa fecha, en la que el Banco Vizcaya inició la operativa de autocartera de espaldas al supervisor, altos ejecutivos del SCH, como Alfredo Sáenz o Paco Luzón, tenían altas responsabilidades en el BBV. Además, el nombre de Ángel Corcóstegui aparece varias veces en el informe de inspección del Banco de España como conocedor de parte de la operativa secreta.
La investigación judicial abierta por el juez Baltasar Garzón por el entramado financiero de las cuentas secretas del BBVA podría alcanzar a altos ejecutivos que han pertenecido o pertenecen en la actualidad al otro mayor banco español, el Santander Central Hispano.
Fuentes de la investigación consultadas por Efe señalan que las actuaciones sobre el caso se remontarán, como mínimo, a 1987, cuando el Banco de Vizcaya creó cuatro sociedades en Jersey para hacer autocartera de una forma oculta y subir la cotización. Pues bien, tanto el actual consejero delegado del SCH, Alfredo Sáenz, como el director para Latinoamérica, Francisco Luzón, ocuparon cargos de máxima responsabilidad en el banco a finales de los ochenta y principios de los noventa.
Las sociedades mencionadas se crearon en noviembre de 1987. En 1988 fue la fusión entre el Banco Vizcaya y el Banco Bilbao y en 1991 se constituyó Amelan Foundation (entonces con el nombre de Candiac) en Liechtenstein para recibir los beneficios que se había obtenido como consecuencia de la operativa con autocartera. En diciembre de 1987 el Vizcaya llegó a tener una autocartera oculta del 8,9% del capital, que se diluyó hasta el 3,87% tras la fusión con el Banco Bilbao.
Una de las personas que podrían verse relacionadas con el caso en la investigación es el anterior consejero delegado, Ángel Corcóstegui, que se marchó del banco en febrero de este año, justo cuando el Banco de España había terminado la investigación que dio origen a la apertura del expediente disciplinario al BBVA. Portavoces del Santander niegan tajantemente que la salida de Corcóstegui del banco esté relacionada con las conclusiones de esta investigación y aseguran 'no estar preocupados' por cómo pueda salpicar a altos ejecutivos del SCH la investigación judicial en curso.
Pero fuentes de la investigación no descartan que Corcóstegui, que en 1990 ocupó el cargo de consejero director general con responsabilidad en mercados de capitales y tesorería, figure que en el listado de la fiscalía Anticorrupción sobre las personas con posible responsabilidad penal por su poder de decisión o de conocimiento del entramado.
El informe del Banco de España señala que el interventor general y director general financiero del BBVA, Ángel Cano, señaló en una de las reuniones con el supervisor para explicar el origen del abono de 37.343 millones en las cuentas del banco de 2000 que en el diseño de la operación por la que se constituían sociedades para adquirir acciones del propio grupo participó Corcóstegui. También se recoge en el informe que éste conocía la regularización de parte de las pérdidas experimentadas por BBV en tres operaciones especulativas de tesorería y que Ybarra le encomendó la gestión de la liquidación de la autocartera, después del fallecimiento de Pedro Toledo.
En cuanto a Luzón y a Sáenz sus nombres no aparecen en el informe de inspección, pero la fiscalía ya ha dejado claro que el listado no tiene por qué coincidir con el elaborado por el Banco de España.
La investigación del juez Garzón abarcará todo el periodo en el que se produjeron los hechos punibles de forma que 'no se va a delimitar el tiempo en el que se produjeron cada uno de los hechos y participación en ellos con objeto de analizar su naturaleza penal para ver si corresponde con un tipo delictivo u otro', señalaron fuentes de la fiscalía.
Baltasar Garzón ha visto en el caso indicios, entre otros, de los delitos de apropiación indebida, falsedad en documento, administración desleal, cohecho y blanqueo de capitales.