La reforma del seguro de paro supone la liquidación del subsidio agrario
El ministro de Trabajo presentó ayer a los sindicatos y a la patronal las líneas básicas de la reforma del sistema de protección por desempleo, que no supone ningún recorte de derechos ni de cuantías ni de tiempo de percepción de la prestación. Trabajo generalizará la protección para los agrarios de todo el territorio nacional con contrato temporal, lo que supone la liquidación paulatina del subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. La reforma entrará en vigor en enero de 2003.
La propuesta presentada ayer a los sindicatos y a la patronal contiene la filosofía básica de la reforma de la protección por desempleo, que estructuralmente no se modifica desde su puesta en marcha hace más de 20 años y cuyas cuantías y derechos se modificaron por última vez en 1992. Las ideas planteadas por el Gobierno pretenden 'racionalizar y consolidar el sistema actual, sin modificar ni el acceso a la prestación, ni los periodos de cobro ni las cuantías establecidas tras la reforma de 1992', según fuentes de la Administración.
Básicamente se pretende estimular la búsqueda de empleo de los perceptores, así como mejorar su formación y su 'disposición a la empleabilidad'. No tiene, por tanto, 'un origen financiero la reforma planteada', como fue el caso de 1992, ya que incluso 'los ahorros que se pudieran producir por los estímulos al retorno al empleo de los perceptores se destinarán a nuevos programas de formación'.
Los cambios propuestos por Trabajo suponen la generalización de la protección a los trabajadores del campo, independientemente de la naturaleza de su contrato, ya que ahora sólo disponen de seguro de paro los que tienen contrato estable. Con esta generalización, se incorporan al sistema de protección general (aunque de forma paulatina para evitar saltos bruscos en el coste para las empresas) todos los trabajadores agrarios del campo y en todo el territorio nacional con las mismas condiciones.
Nuevas fórmulas
Este nuevo sistema supone que en Andalucía y Extremadura, donde existe un sistema tradicional de subsidio agrario vinculado a la realización de determinado número de peonadas, los trabajadores del campo sin protección actualmente se incorporarían al nuevo sistema. Y los que estén percibiendo prestaciones del subsidio tradicional se incorporarán al sistema nuevo cuando agoten aquellas. Por tanto, el tradicional plan de empleo rural y su subsidio paralelo desaparecerán lentamente.
Con el nuevo modelo entrarán en la protección trabajadores eventuales en el campo que hacen otras labores en otros sectores (construcción u hostelería), pero que escapan al control tanto de Hacienda como de la Seguridad Social.
Se incorporarán también modificaciones en el sistema de cobro de una sola vez en el desempleo, hasta ahora restringido para la formación de cooperativas y sociedades anónimas laborales. Se ampliará para negocios y planes de empleo particulares, pero el montante de la prestación sólo se pondrá a disposición del interesado como crédito fiscal, del que irá descontando el pago de prestaciones a la Seguridad Social o a Hacienda durante el periodo que cubra.
Trabajo estrecha el cerco a quien rechace ofertas
Trabajo prepara un mayor control de las prestaciones para quien rechace ofertas de empleo. Si un parado con prestación recibe del Inem una 'oferta de empleo adecuada a su formación, en un entorno geográfico cercano, y la rechaza, pierde la prestación', según fuentes de la Administración. La Administración está preparando una interpretación más flexible que la actual del concepto de 'oferta adecuada', que admita cierta movilidad funcional de los parados. Además, prepara ayudas al transporte si el empleo es fuera de la localidad de residencia del parado e incluso deducciones en IRPF para los gastos de vivienda en alquiler. Con estas condiciones cree la Administración que los parados no pueden rechazar ofertas razonables de empleo.
Entre las medidas que pondrá en marcha el Gobierno en enero próximo estarán los cursos de formación a los parados con prestación para 'mejorar la empleabilidad' y evitar 'las expulsiones del mercado que suponen las prestaciones largas sin búsqueda de empleo'.