El PP, CC y CiU rechazan las nueve enmiendas a la Ley de Internet
Con sus votos, Partido Popular, Convergencia i Unió y Coalición Canaria dieron así inicio al paso por el Parlamento de la llamada 'Ley de Internet'.
Sin embargo, términos como "libertad de expresión", "derechos fundamentales" e "intervencionista" sonaron tanto o más en el Hemiciclo que otros más propios de las Nuevas Tecnologías como "proveedor de servicios", "páginas web" o el mismo "comercio electrónico" que da título a la directiva comunitaria 2000/31 que la LSSI -que también lo incluye- viene a adaptar a la normativa nacional.
Y es que los emplearon tanto la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, en su defensa del Proyecto de Ley, como los once diputados que tomaron la palabra, y sólo en dos casos -la propia ministra y la portavoz del PP- para negar con rotundidad que la LSSI, con su actual redacción, pueda llegar afectar a derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución, como los de expresión, información y opinión.
Incluso los nacionalistas catalanes y canarios, que se mostraron partidarios de modificar el Proyecto de Ley durante su tramitación parlamentaria y se unieron al PP para impedir el rechazo de entrada al texto, quisieron dejar claro su intención de "corregir" y "adecuar plenamente a la Constitución" -como señalaron, respectivamente, sus portavoces Luis Mardones (CC) y Jordi Jané (CiU)- los artículos que puedan suponer siquiera una mínima posibilidad de "limitar la libertad de expresión" (Mardones) o que la ley "sea vista como de censura de contenidos" (Jané).
Inconstitucional
Más duros fueron los diputados que defendieron las enmiendas a la totalidad con petición de devolución, como Begoña Lasagabaster (Eusko Alkartasuna), quien habló de artículos "claramente anticonstitucionales"; José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista), para el que el texto denota el "afán controlador de todos los elementos de la vida social por parte del Gobierno"; o Carlos Aymerich (Bloque Nacionalista Galego), que calificó de "régimen draconiano" y "ataque a la libertad de expresión en la Red" el Proyecto de Ley, al que le auguró "una más que previsible inconstitucionalidad".
En la misma línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso, Xose Xoan González de Txábarri, habló de "restricción, si no vulneración, de derechos fundamentales", creación de un "marco intervencionista" de cualquier actividad en la Red y "olvido absoluto" del ámbito competencial de las comunidades autónomas, aspecto en el que coincidió con CiU. "Realizar legislaciones específicas en esta materia se ha llamado siempre 'Estado de Excepción', que no se justifica siquiera en el mundo virtual", concluyó el diputado peneuvista.
Otros, como Joan Saura (Iniciativa per Catalunya-Verds) puso el enfásis en que el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero "no anticipa un desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ni sacará a España de los últimos puestos" en ese ámbito, mientras que para Joan Puigcercós (Esquerra Republicana de Catalunya) la LSSI supondrá "un claro proceso de concentración en pocas manos, especialmente de grandes grupos económicos y de comunicación, que se convertirán en una especie de gendarmes de la opinión".
Propuestas alternativas
En cuanto al PSOE e Izquierda Unida, que unieron a sus enmiendas sendos textos alternativos, sus portavoces coincidieron en la necesidad de que la ley afecte exclusivamente al comercio electrónico, y deje de lado la regulación de otros aspectos, como el flujo de informaciones, que -en su criterio- se puede llevar a cabo perfectamente con el Código Penal y otras normativas ya en vigor.
Para el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, "es necesario y urgente una Ley de Comercio Electrónico, pero no con un Proyecto de Ley intervencionista que, lejos de fomentar, no hace sino ponerle trabas y siembra de incertidumbres jurídicas el elemento central de Internet, que es la información". El PSOE -añadió- está por perseguir los delitos en la Red, "pero respetando la Constitución y nuestras leyes".
Por su parte, la diputada de IU Presentación Urán citó los artículos 8, 11, 31.1 y 38.2 como aquellos que debieran regularse con carácter orgánico -luego aprobados por mayoría cualificada-, dentro de un Proyecto que calificó en general de "profundamente intervencionista". Urán también abogó por fomentar la autorregulación del sector e introducir la facturación como elemento modulador de las sanciones, para impedir que la LSSI pueda "a unos suponerles el cierre y a las grandes compañías un mero arañazo en sus cuentas".
"Necesario y adecuado"
En la intervención que abrió el debate, la titular de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, calificó el Proyecto de Ley como "necesario y adecuado" para regular las actividades tradicionales en un entorno nuevo, evitar la "impunidad" de los delitos electrónicos y "salvaguardar" a los consumidores que realizan sus compras a través de la Red.
Anticipándose a las críticas que posteriormente recibiría, Birulés aseguró que el texto de la LSSI no introduce "cambio alguno" en la distribución de competencias entre los órganos administrativos y la autoridad judicial, y que la inclusión del término "autoridad competente" obedece al intento de "englobar" todos los supuestos que se deban dar "evitando una larga enumeración".
En el cierre del debate, la diputada del PP Ana Mato rechazó "tajantemente" las acusaciones de intervencionismo vertidas contra el Proyecto de Ley, y afirmó que "nadie" había discutido la necesidad del mismo. Para Mato, la presentación de enmiendas a la totalidad no estaba justificada ni por la petición de tratamiento de Ley Orgánica en algunos artículos ni por las propuestas alternativas, que -en su opinión- coincidían con el texto original "no en el contenido, pero sí en la estructura y principios".