El 'caso BBV', en la vía penal
El juez Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que asume la investigación de las cuentas secretas del BBV por indicios de delito de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. La decisión judicial paraliza el expediente disciplinario del Banco de España contra 16 consejeros y directivos y da un vuelco al escándalo al vincularlo con el sumario abierto contra el banco por el caso BBV Privanza. Lo que se persigue, en sustancia, es el manejo de unas cuentas mantenidas durante 13 años al margen de la contabilidad oficial por valor de 37.343 millones de pesetas. Ni la cuantía ni la naturaleza de los hechos -el banco no ha sufrido ningún perjuicio patrimonial y los fondos fueron reintegrados- ponen en peligro la solvencia del BBVA. El daño a la imagen de la entidad y de algunos de sus administradores resultará irreparable. La credibilidad del sistema financiero ha quedado tocada por el escándalo.
La historia de este caso, según algunos, es la de una voladura controlada que se ha ido de las manos. 'La verdad es lo que es', decía san Agustín. Por eso, es preciso repasar los hechos para entender por qué las cosas han podido llegar tan lejos. En octubre de 1999 se produjo la fusión del BBV y Argentaria. Entonces ya no era un secreto que el BBV tenía un muerto en el armario con el caso Privanza, un billonario asunto de evasión de capitales. El ex presidente Emilio Ybarra logró imponer esa fusión pese a la oposición inicial de todo el consejo. Nadie podía entender que, dada la diferencia de tamaño, la fusión pudiera ser planteada 'entre iguales', ni mucho menos que el futuro presidente único fuera el de Argentaria. En el protocolo de fusión apareció una cláusula según la cual para cesar a Francisco González antes de 2007 hacían falta los dos tercios del consejo.
El 19 de enero de 2001, Ybarra y González comunicaron el asunto de las cuentas secretas al gobernador del Banco de España. No se ha explicado por qué el gobernador tardó varios meses en hacer saber un asunto hoy tan grave a la comisión ejecutiva del Banco de España. El Gobierno, según declaraciones, no se enteró de nada. Tampoco entra en la lógica que en la nueva estructura orgánica del BBVA, aprobada en abril de ese año, tres meses después de la denuncia, fueran confirmados el copresidente Ybarra y el consejero delegado, Pedro Luis Uriarte, que el 18 de diciembre pasado fueron obligados a dejar el banco. La inspección arrastró los pies, pero cobró una nueva vertiente de dimisiones tras la operación fallida de control del BSCH y del estallido del escándalo Gescartera. González llegó a la junta del pasado 9 de marzo con un consejo en el que los representantes originarios del BBVA se quedaron en minoría. El expediente del Banco de España lleva fecha de 15 de marzo, pero la dimisión escalonada de los implicados se ejecutó antes. Ni el pacto de fusión ni la proporción de los dos bancos explican por qué ahora es Argentaria la que controla el BBVA.