Duhalde busca consenso legislativo para un acuerdo con el FMI
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, concluyó ayer la redacción de un texto para reformar la Ley de Quiebras y otro por el cual se elimina la figura delictiva de subversión económica, dos de las principales exigencias del FMI para llegar a un acuerdo con Argentina.
De esa manera, las empresas deudoras ya no tendrían protección ante sus acreedores, principalmente los bancos, que podrían asumir así el control de aquéllas. Por otra parte, con la segunda medida concluirían las citaciones judiciales a los banqueros para que respondan por la evasión de capitales al exterior a pesar de la congelación de depósitos decretada el 3 de diciembre pasado.
Asimismo, fuentes oficiales dijeron ayer que el FMI podría conceder una ayuda de 2.000 millones de dólares (2.300 millones de euros), siempre que los Gobiernos provinciales retiren de circulación los bonos que utilizan como cuasi-moneda. Además, el Fondo liberaría la entrega de los 9.000 millones que formaban parte del último y fallido acuerdo con Argentina, el cual serviría sólo para que el país mantuviera los pagos de su deuda con el organismo. 'La ayuda no va a ir más allá', dijo el gobernador de Mendoza, Roberto Iglesias. El jefe de la misión del FMI para Argentina, Anoop Singh, se reunió ayer con responsables del área de impuestos y de aduanas. También lo hizo con la esposa del presidente Eduardo Duhalde, quien está a cargo del plan de ayuda social que se pondrá en marcha en pocos días de acuerdo con la información oficial.
Pero la grave crisis económica agudiza los conflictos sociales. Ayer, una huelga paralizó los servicios de ferrocarriles de Buenos Aires y sus alrededores, utilizados por tres millones de personas. El plan de lucha sindical podría profundizarse la semana próxima si no se llega a un acuerdo salarial con la empresa TBA, concesionaria del servicio.
Además, los empresarios de autobuses aseguran que reducirán en 10% el servicio que prestan y que suspenderán a 400 de los 4.000 empleados, ante el aumento de sus costes y la congelación de sus tarifas. El sindicato del sector ha decretado el estado de alerta y amenaza con una huelga si se confirma la decisión patronal.
Por otra parte, grupos de parados reclamaron ayer alimentos frente a supermercados en Buenos Aires y localidades cercanas. Asimismo, continúa creciendo el número de hechos delictivos que, según el propio Gobierno, responden 'sin dudas al aumento de la desigualdad social' en los últimos meses.