El PSOE propone reordenar todas las fuentes de ingresos del Estado

El responsable de política económica del PSOE, Jordi Sevilla, defendió ayer una reforma integral de la imposición directa e indirecta que alcanza también a las cotizaciones sociales, desde el supuesto de que en dos décadas sería factible la convergencia entre la Seguridad Social y la Hacienda General del Estado.

Sevilla aprovechó anoche la tribuna del Club Siglo XXI para proponer una reforma integral de todas las fuentes de ingresos del Estado, que afectaría tanto a los impuestos directos como a los indirectos y también a las cotizaciones de la Seguridad Social. Desde la premisa de que estas últimas son un impuesto sobre el trabajo y de que las pensiones suponen un servicio público esencial, habría que plantearse, según el conferenciante, la convergencia en 20 años entre la Seguridad Social y la Administración tributaria. Ello posibilitaría, en su opinión, una reordenación total del conjunto de impuestos directos sobre el trabajo y de los mecanismos complementarios públicos que primen las carreras laborales más largas.

Estas reflexiones le sirvieron a Jordi Sevilla para criticar la política fiscal del Gobierno central, cuya incoherencia, comentó, guarda proporción con los boquetes clientelares abiertos por éste. En su opinión, no es tolerable que todas las ayudas se concentren en el impuesto sobre la renta, sin que puedan beneficiarse de ellas los españoles que no trabajan o no perciben ingresos suficientes para presentar la declaración.

Sevilla acusó al Ejecutivo de caer en la tentación del electoralismo fiscal, tras recordar que ha subido los impuestos en un año en el que no hay elecciones mientras que ha prometido bajarlos el año que viene, cuando deben convocarse los comicios municipales y autonómicos. Desde este punto de vista, el Gobierno antepone sus intereses partidistas en el ciclo político, denunció Sevilla, a los intereses generales en el ciclo económico.

Sevilla defendió, además, un bloque de reformas que deberían surgir de un gran pacto social entre las empresas, la sociedad y los poderes públicos. Recordó la necesidad de revisar las políticas de natalidad, inmigración y pensiones, superando la autocomplacencia sobre el superávit alcanzado por la Seguridad Social. El triunfalismo del Gobierno por el aumento de cotizantes ignora, a su juicio, que la relación básica a medio plazo no se dará entre activos y pasivos sino entre cuánto pagan unos y cuánto cobran otros, es decir entre la cotización media y la pensión media.

Hacia la media europea

El dirigente socialista consideró también urgente llegar a un compromiso para que en un periodo de cinco años España alcance la media europea en los recursos que destina a inversión más desarrollo y a la implantación de las nuevas tecnologías de la información.

El pacto propuesto debe afectar también, añadió el conferenciante, a la agilización de los trámites empresariales y a la equiparación de los trabajadores autónomos al régimen general. Las empresas de todos los tamaños también deben asumir, dijo, responsabilidades sociales con sus trabajadores y con el medio ambiente, además de asumir los códigos de buenas prácticas, buena administración y compromisos con la estabilidad laboral.

Dentro de este pacto cabe incluir también, señaló Sevilla, un reforzamiento de las políticas asistenciales de apoyo a las familias con el objetivo de equipararlas en un lustro a la media de la UE.

Sevilla aludió también a la conveniencia de reformar las políticas de gasto público en aspectos esenciales como el análisis sobre su eficiencia. Subrayó que el debate de los Presupuestos Generales del Estado se hace anualmente a partir de previsiones y prioridades de gasto pero nunca se hace el debate posterior sobre cómo se han gastado las partidas aprobadas en el Parlamento.

La conferencia incorporó una crítica global a la política económica del Gobierno a partir de la pérdida de productividad, el deterioro de la competitividad y el descenso del gasto social. En este contexto se ha desaprovechado la fase expansiva del ciclo económico sin realizar el esfuerzo inversor que el momento requería, dijo el diputado socialista. Eliminar el déficit público, bajar los impuestos a las rentas más altas y financiar la deuda de Radio Televisión Española supone, añadió el conferenciante, equivocar las prioridades. La combinación óptima, defendió, consistiría en reducir a cero el diferencial de inflación y dejar que el déficit público se instalara en el entorno del 1% del PIB.

'Relación de favores mutuos entre las grandes empresas y el Gobierno'

 

La presentación de Jordi Sevilla corrió a cargo del comisario europeo Pedro Solbes quien, en su etapa como ministro de Agricultura y Economía, tuvo al conferenciante de jefe de gabinete. Sevilla subrayó que los tres factores básicos que, en su opinión, contribuyeron después al ciclo de crecimiento de la economía española ­caída de los tipos de interés, moderación salarial y contención del gasto público­ ya se percibieron en 1994, dos años antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno central.

Sevilla calificó al Gobierno de Aznar como ¢el más intervencionista de la democracia española¢, convencido de que desde el año 1996 el control político sobre el poder económico ha sido la guía que ha orientado las actuaciones más importantes del Ejecutivo en materia económica. En el auditorio, no perdía comba Manuel Pizarro, arquitecto, dicen, de esta política.

¢Ya es casualidad¢, dijo el dirigente socialista, ¢que los presidentes de uno de los dos grandes bancos privados, de la principal empresa eléctrica privada, de la más grande compañía de productos petrolíferos o del operador privado dominante en telefonía, más allá de sus indudables cualificaciones personales, estén ahí porque les nombró el Gobierno cuando todavía eran empresas públicas.

Sevilla señaló que todos estos antecedentes aumentan las posibilidades de que se establezca ¢una relación de favores mutuos¢ entre grandes empresas y el Gobierno, con dos resultados perceptibles: ¢El funcionamiento de la democracia es más imperfecto y se restringe la posibilidad de aplicar competencia eficiente ¢.

Todo ello, prosiguió Sevilla, abre también el campo para las actuaciones discrecionales del Gobierno, lo que los operadores financieros internacionales llaman el riesgo regulador, que no sólo genera desigualdad en las reglas de juego, sino también incertidumbre ¢que pagan empresas y consumidores¢.