Las normas ambientales acabarán con la mayoría de los desguaces
Sólo unas 800 empresas de las cerca de 3.500 dedicadas a los desguaces de automóviles en España podrán adaptarse a las exigencias ambientales que entrarán en vigor este mes. Así lo calcula Manuel Kindelan, gerente de Sigrauto, la plataforma creada por las asociaciones de fabricantes de automóviles, importadores, desguazadores y fragmentadores para pilotar la modernización del sector de la chatarra.
Tras un año de proceso constituyente, Sigrauto será una realidad en los próximos días con el objetivo de conseguir que los coches se destruyan de acuerdo a la nueva regulación sin encarecerse por ello, es decir, obteniendo una rentabilidad suficiente del reciclado. El cambio implicará el fin de miles de pequeños negocios familiares que manejan coches retirados de la circulación, a menudo de forma incontrolada y en parcelas carentes de permisos.
El Ministerio de Medio Ambiente ultima el decreto que traspondrá a la ley española la directiva europea sobre el reciclado, cuyo plazo límite vence este mes. Desde el año pasado los coches fuera de uso se consideran residuos peligrosos. Esto significa que la parte reutilizada de los automóviles, que actualmente ronda el 75% de su peso, deberá elevarse al 85% en 2006 y al 95% en 2015.
Carlos Mataix, director técnico de la asociación de fabricantes de automóviles Anfac, asegura que la industria acepta sin reservas los nuevos criterios de impacto ambiental, si bien tratará de minimizar su impacto económico. 'Podemos reconvertir la red sin coste para el usuario', afirma.
Sólo 200 empresas cumplen ya la futura regulación, la mayoría en Cataluña, donde se legisló sobre el particular hace un año. En España fueron dados de baja 880.000 coches en 2001, con una antigüedad media de 15,6 años.
Los viejos chatarreros se convertirán en centros de descontaminación de vehículos. Tendrán que adaptar sus instalaciones y personal para evitar vertidos y separar adecuadamente metales, líquidos y piezas antes de vender la chatarra sobrante a las fragmentadoras, que son las que trituran los restos del coche dado de baja. En España existen 20 plantas de este tipo.
Provisiones en las cuentas
La directiva impide cobrar al propietario del vehículo por retirar su coche de la circulación y obliga al fabricante a garantizar esa gratuidad. Por ello, Anfac tiene la duda de si las auditoras obligarán a las empresas a provisionar el coste de destrucción controlada del vehículo. Mataix admite su incertidumbre sobre si habría que hacer provisiones además por los coches que se exportan -un 80% de los fabricados en España-, dado que al final de su vida serían procesados en otro país.
En algunos, como Holanda, ese problema se ha solventado con una tasa que pagan los compradores de coches nuevos, mientras que en Dinamarca ese recargo se aplica al seguro obligatorio.
Anfac rechaza esta vía porque implicaría un aumento de la fiscalidad del automóvil que considera inconveniente: la solución es demostrar -también al auditor- que el valor residual de piezas y chatarra cubre los gastos de descontaminación.