Las fundaciones rechazan la ley de mecenazgo propuesta por Hacienda
El anteproyecto de ley de fundaciones y de mecenazgo, que regula los incentivos fiscales de las primeras y del conjunto de entidades sin ánimo de lucro, no han sentado nada bien al movimiento fundacional.
Tras varios meses de conversaciones con el Gobierno, el borrador de la ley de mecenazgo -actualmente en fase de dictamen por el Consejo de Estado antes de que sea aprobado por el Gobierno- incluye varias de las reivindicaciones del sector, entre ellas una amplia mejora de las ventajas fiscales y la posibilidad de que las entidades sin fines de lucro inviertan sin límite en todo tipo de activos financieros, incluidas las acciones de empresas cotizadas.
El Centro de Fundaciones, que ha llevado las negociaciones con el Gobierno, reconoce los avances en materia fiscal pero se queja agriamente de las 'duras' condiciones impuestas para que una entidad sin fin de lucro opte por este régimen fiscal especial, entre ellas, limitar los derechos de voto al 3% en las empresas cotizadas en Bolsa en las que cuenten con participación accionarial. 'Las condiciones impuestas son inasumibles, exorbitantes y en algunos casos de dudosa legalidad', explica a Cinco Días el ex ministro adjunto de Relaciones con las Cortes Ignacio Camuñas, presidente del Centro de Fundaciones. El colectivo entiende que limitar los derechos políticos de las fundaciones 'puede contravenir, incluso, el principio de proporcionalidad entre derechos y obligaciones implícito en la Ley de Sociedades Anónimas'. Hacienda arguye que se ha fijado este límite para evitar la creación de fundaciones que sirvan de tapadera de sociedades que busquen evadir impuestos.
El sector considera inasumibles otras condiciones, como la prohibición de nombrar administradores y consejeros y la responsabilidad subsidiaria total de los patronos, que impone el borrador de la ley y que, a su juicio, va a desincentivar el acceso a ese cargo.
Otra condición impuesta -dedicar un 70% de los ingresos a actividades de interés general y el 30% restante al aumento del patrimonio de la fundación-, es calificada como desproporcionada, siendo partidario de 'destinar un 50% a cada fin'. Tampoco ve con buenos ojos que las exenciones del pago de impuestos municipales como el IAE o el IBI queden a potestad de los ayuntamientos, en vez de ser obligatorias.
Pero uno de los aspectos que más ha molestado al sector es lo que califica de 'perfil intervencionista' de la ley, 'plagada de controles, inspecciones, y autorizaciones previas'. Camuñas pone como ejemplo la figura del protectorado, ejercido por la Administración pública para el control de estas entidades, y al que el borrador de la ley da amplios poderes, como la potestad para cesar a los patronos y conceder autorización cuando la fundación desee vender un bien patrimonial. 'Las fundaciones hemos nacido con fines nobles, no para ganar dinero o eludir impuestos; si el Gobierno sospecha de alguna, que lo diga públicamente pero que no se limite a redactar una ley sin ambiciones, continuísta con la actual de 1994, y que va a desincentivar la creación de fundaciones', dice Camuñas, para quien el texto favorecerá la doble contabilidad, al tener que separar los ingresos y gastos deducibles de los no deducibles.
Otro aspecto al que expresa su rechazo es a la inclusión de las fundaciones públicas, hasta ahora no incorporadas, 'con fundamentos distintos a las privadas'. Asimismo, pide que la ley no distinga entre diferentes protectorados, en función de los respectivos ministerios a los que estén inscritas estas entidades, y centralice esta figura en un sólo órgano 'con criterios homogéneos para todas'. El sector está dispuesto a apelar a los partidos políticos en las Cortes si el Gobierno aprueba el texto sin cambios, como tiene previsto hacer en las próximas semanas.
Mientras tanto, el borrador de la ley sigue su trámite. El Consejo Económico y Social (CES), una de las instancias a las que se ha solicitado dictamen, ha propuesto al Gobierno que reduzca de 50.000 euros -cifra incluida en el borrador- a 3.000 euros, la cantidad mínima para poder crear una fundación, equiparándola al límite para constituir una sociedad mercantil.
Un sector que controla cerca del 4% del PIB
El sector de las entidades sin ánimo de lucro al que pertenecen las fundaciones genera un valor cercano al 4% del PIB (más de 24.000 millones de euros al año), según datos del BBVA, una cifra que da muestra de su importancia dentro de la actividad económica del país.
En 1995 ocupaba el equivalente a medio millón de trabajadores remunerados a jornada completa. Parte de ellos trabaja en régimen de voluntariado, sin percibir un sueldo fijo. La mayor parte de los ingresos que perciben estas entidades proviene de cuotas y cobros por servicios, no de la filantropía.
La dimensión económica es comparable a la de otros países europeos como Francia o Alemania, pero sensiblemente menor que la que alcanza en Holanda, Bélgica o Estados Unidos.
Más de la mitad (60,5%) de las cerca de 6.000 fundaciones que hay en España se dedica a promover la educación y los servicios sociales. Un porcentaje importante (20%) se dedica a la cultura, los deportes y el ocio.
El movimiento fundacional está resurgiendo en toda Europa. Tanto es así que está tomando cuerpo la posibilidad de aprobar una ley de fundaciones y de mecenazgo de ámbito europeo.
Los próximos 8 y 9 de abril se celebrarán en Madrid unas jornadas dedicadas a tal fin, impulsadas por la Presidencia de la UE. La idea es homologar el trato legal y fiscal del mecenazgo, aprovechando el cambio que se está produciendo en la normativa española.