Batasuna no podrá variar sus siglas para eludir la ilegalización
El ministro de Justicia, Ángel Acebes, admitió ayer de forma implícita que el Gobierno pedirá la ilegalización de Batasuna una vez que la reforma de la ley de partidos políticos culmine su trámite parlamentario. El Consejo de Ministros remitió ayer el anteproyecto de ley al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para que emitan los informes correspondientes.
La nueva ley incorpora en sus disposiciones adicionales mecanismos suficientes para evitar que Batasuna, una vez ilegalizada, intente concurrir a las elecciones bajo otras siglas. Para ello se modifican dos artículos de la Ley de Régimen Electoral con el fin de que en periodos electorales no puedan presentarse candidaturas o agrupaciones de electores que sucedan a un partido político disuelto o ilegal.
Los cargos electos que militen en una formación ilegalizada tendrán dos opciones: renunciar a su puesto o bien integrarse como independientes en los grupos mixtos hasta el final de la legislatura, según anticipó Acebes.
La disolución formal de un partido cuando se aprecie que apoya el terrorismo o defienda conductas contrarias a la Constitución dependerá de la Sala Especial del Tribunal Supremo. Estará integrada por su presidente, los responsables de sala, el magistrado más veterano y el más moderno. El procedimiento de disolución podrá ser instado por el Gobierno, el ministerio fiscal, 50 diputados o 50 senadores.
La ley considerará ilegales a los partidos que fomenten el odio, la violencia y la confrontación social como método para la consecución de objetivos políticos. En su texto se prohíbe a los partidos el apoyo expreso o tácito al terrorismo bajo cualquier forma, incluso 'exculpando y minimizando su significado y la vulneración de los derechos fundamentales que comporta'.
La disolución de un partido supondrá la apertura inmediata de un proceso de liquidación de su patrimonio, que se destinará a actividades humanitarias.