Bush, el acero y la OMC
El tema viene de lejos. Durante dos décadas la siderurgia europea había hecho una reestructuración muy profunda. Lo que en principio era respuesta al encarecimiento de los combustibles, con el acento en el ahorro energético, se fue convirtiendo en una reestructuración intensa, con impresionantes aumentos de la productividad del trabajo, basados en la sustitución de mano de obra por instalaciones que incorporan informática y robótica, complementada con el esfuerzo permanente por prever las necesidades de los consumidores como forma de defender un mercado cada vez más saturado de oferentes.
De la reestructuración surgió un sector del acero europeo, moderno, ajustado, que puede competir con ventaja en cualquier mercado, incluyendo el de EE UU. Con una larga historia a sus espaldas, el acero se muestra como un producto de futuro, capaz de transformarse al ritmo del impresionante cambio de las necesidades sociales. Y capaz de atraer capitales privados, lo que propicia que su reestructuración en Europa se redondee con la privatización de las empresas, que en gran parte estaban en el sector público.
En cambio, la siderurgia de EE UU sigue otro camino. Tradicionalmente potente, con el peso que le da el haber sido una de las bases del desarrollo industrial del país durante el pasado siglo y con una influencia en el exterior relevante, no acomete una reconversión similar a la de los europeos y va perdiendo presencia no sólo en el exterior, sino incluso en su propio mercado. Sus empresas empiezan a perder el favor del mercado de capitales, tan decisivo en EE UU, y tampoco son capaces de una reestructuración global, de la que, por otra parte, no hay antecedentes en su país. Se ven abocadas a una actitud de supervivencia.
Sin embargo, el lobby del acero sigue teniendo influencia, sobre todo por el detalle significativo de que sus empresas radican en Estados donde las fuerzas relativas de los Partidos Demócrata y Republicano están igualadas. Durante los últimos años exigen a la Administración federal medidas adicionales que les protejan de las importaciones y, finalmente, obtienen el compromiso del presidente Bush.
La actitud de la Administración de EE UU es sintomática. Durante estas décadas el mundo ha recorrido un largo camino en la regulación del comercio que ha sustentado lo que hoy llamamos la globalización y, sin duda, ha propiciado mayor desarrollo económico y mejora del bienestar de los pueblos.
Esta regulación, condensada en la OMC, prohíbe la adopción de medidas unilaterales de restricción de las importaciones que no cumplan sus normas. En consonancia, la Administración de EE UU inicia negociaciones con el resto de los países, fundamentalmente con la UE para, en principio, encontrar soluciones a la difícil situación que vive su siderurgia. Su argumento básico es que la modernización de la siderurgia europea se ha hecho en gran parte con fondos públicos y que ello le ha dado una importante ventaja.
La respuesta europea es condescendiente. Admite que en Europa se han utilizado fondos públicos -aunque aclarando que durante el proceso nunca se han restringido las importaciones y que los fondos se han utilizado en cerrar muchas empresas ineficientes con un coste social elevado- y se muestra dispuesta a aceptar la utilización de estos fondos en un proceso de reestructuración similar en EE UU. Sin embargo, en medio de las negociaciones, el presidente Bush anuncia unilateralmente medidas que suponen el cierre del mercado de EE UU a los productos de acero procedentes de la UE y de muchos otros países.
El anuncio de Bush, con un impacto letal en el mercado mundial del acero, transciende del sector. Es de hecho, un atentado a la OMC, a la normativa de que, con tanto esfuerzo y éxito, se ha ido dotando el mundo. La sensación es que corren tiempos en que EE UU se siente con derecho a cualquier actuación.
Las medidas consisten, en síntesis, en imponer elevados aranceles a los productos de acero que los demás países exporten a EE UU. Con ello se pretende elevar los precios internos y mejorar las cuentas de resultados de las empresas estadounidenses. ¿Solucionarán con ello su situación? Mucho nos tememos que será darles oxígeno temporal y que, en el fondo, retrasará su necesaria reestructuración.
La reacción de las autoridades europeas no puede ser otra que proteger, a su vez, el mercado de la UE. Nuestras empresas son partidarias del libre comercio, entre otras razones porque se sienten perfectamente preparadas para competir. Sin embargo, el peor escenario es mantener el mercado propio abierto mientras los demás se cierran. El efecto de la actuación de EE UU es triple. Por una parte se impide a nuestras empresas exportar a EE UU; por otra, se dificultan nuestras exportaciones a países terceros que tomen medidas similares y, en tercer lugar, está el peligro evidente de que se dirijan hacia Europa productos de acero de otros países que ya no puedan entrar en EE UU.
Por ello la siderurgia de Europa ha exigido a la Comisión Europea que tome inmediatamente medidas de salvaguardia, lo que ya ha sido aceptado por ésta, con el acuerdo unánime de los 15 Estados miembros. Es de resaltar la actitud positiva y eficiente de la Administración española que durante este semestre preside la UE.
La salvaguardia que la Comisión Europea perfila no puede evitar el efecto causado en los mercados mundiales y, por tanto, las consecuencias en nuestras exportaciones. Puede, no obstante, evitar que Europa se convierta en destino de los productos de acero que no entren, desde ahora, en EE UU, pero a condición de abandonar su habitual timidez y ejercer con firmeza la capacidad ejecutiva de que le han dotado los Estados miembros. La Comisión debe establecer aranceles realmente disuasorios de importaciones adicionales, observando escrupulosamente la normativa de la OMC.
Es necesaria, en todo caso, una actitud inteligente y abierta al compromiso. Aunque es cierto que no hay situación tan desfavorable que no sea susceptible de empeorar, también es verdad que los problemas pueden convertirse en oportunidades. Y sobre esto sabe mucho el sector del acero.