El Gobierno defiende la legalidad de los créditos públicos al sector del aceite de orujo
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defendió ayer la compatibilidad con el Mercado Común de las ayudas concedidas al sector del aceite de orujo para la recuperación de su competitividad y reestructuración tras la crisis registrada el pasado verano, cuando el Ministerio de Sanidad decretó la inmovilización de las partidas de este producto en el mercado.
Bruselas ha decidido incoar el procedimiento formal de examen de las ayudas estatales en beneficio de las industrias de extracción, refinado y envasado de aceite de orujo de oliva.
Las ayudas concedidas revisten la forma de préstamos por un importe máximo de 30,1 millones de euros, con un tipo de interés bonificado por el Ministerio de Agricultura, que podrá asimismo bonificar las garantías sobre esos préstamos.
De esa cantidad, 22,54 millones de euros estaban previstos para la industria extractora y 7,51 millones de euros para la refinadora y envasadora.
Fuentes del sector señalan que la mayor parte de esos préstamos han sido ya cobrados por las empresas, salvo aquellas que se han retrasado más en la presentación de solicitudes. Dichas fuentes señalan directamente a la industria aceitera y extractora de orujo de Italia como la fuente de la que procede la información por la que Bruselas incoa el expediente.
Fuentes del Ministerio de Agricultura señalaron a Europa Press que este departamento prestará la máxima colaboración a la Comisión Europea en el proceso de investigación para examinar estas ayudas, que considera completamente legales.
El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), Fernando Muñoz, se mostró ayer 'completamente seguro' de la legalidad de las ayudas. Aneo entiende que las extractoras son un sector en crisis y que las ayudas que se han dado sirven para no colapsar a las empresas extractoras y para que las almazaras pudieran funcionar a lo largo de la campaña de recogida de la aceituna.