Reto europeo en Barcelona
Tras algún Consejo informal de Ministros de la Unión en el que se han cerrado compromisos importantes en materia de cooperación judicial y lucha contra el terrorismo, el Gobierno del PP se enfrenta a su primer gran examen de la presidencia de la UE en la cumbre extraordinaria que se inicia el próximo viernes en Barcelona. La cumbre cobra especial trascendencia porque en ella se ventila la verdadera voluntad de los Quince para hacer frente a las reformas que exige la recuperación económica y, sobre todo, el diferencial de competitividad que Estados Unidos sigue ensanchando frente a Europa.
La cita de Barcelona, además de ser la primera reválida europea del Gobierno de Aznar, se convierte en un verdadera prueba para la construcción europea. Las reformas que necesita Europa se plantean en un clima condicionante por las próximas elecciones que se celebrarán en Alemania, Francia y Portugal. Pero también sobre los Quince pesa el impacto negativo de la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000, donde el compromiso de tomar la delantera en nuevas tecnologías, productividad y empleo se ha visto reducido a un mero programa de intenciones ensombrecido por la crisis económica. A la cita de Lisboa le sucedió la reforma del Tratado de la Unión aprobada en Niza, en diciembre de 2000, que aún sigue vetada por Irlanda, y la fallida Cumbre de Estocolmo de marzo de 2001. La presidencia belga, que dio el relevo a España, dejó un amplio programa de deberes, en los que se incluye la reforma institucional y la ampliación de la Unión a los nuevos socios del Este.
Pero lo que de verdad se juega en Barcelona es la capacidad de la UE de poner su maquinaria económica a competir para hacer frente a la preponderancia estadounidense. Los primeros indicios no apuntan al optimismo, pese al posibilismo de la diplomacia española. La flexibilidad laboral, esa asignatura pendiente de Europa, como los informes de los organismos internacionales recuerdan insistentemente, parece condicionada por la cerrazón alemana. Aunque la presidencia española no puede ver en ello una excusa, porque es también una promesa incumplida del programa electoral del PP. La apertura del mercado eléctrico choca con la posición de Francia, pero España no puede presumir de fronteras abiertas cuando la importación de energía eléctrica está limitada al 3% del consumo total, frente a un 20% de nuestros vecinos franceses. Tampoco en la liberalización postal o en la de las telecomunicaciones puede el Gobierno español dar lecciones, como recordaba la pasada semana el embajador de Alemania.
No basta un comunicado de promesas, pues urgen reformas inmediatas y eficaces. No vaya a suceder como con el ambicioso sueño de Lisboa, convertido dos años después en que se ha agrandado la diferencia digital con Estados Unidos y también, lo que es más preocupante, la brecha entre el norte y el sur de la UE.