Los expertos propuestos por el Gobierno piden que el IRPF financie los municipios
Los expertos propuestos por Hacienda para la reforma de la financiación local son partidarios de compensar la sustitución del IAE con una cesta de impuestos, en la que estarían el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA, sin capacidad normativa sobre ellos.
El grupo de expertos a los que Enrique Giménez-Reyna embarcó en la elaboración del Libro Blanco de la Financiación Local antes de abandonar su cargo de secretario de Estado de Hacienda está a punto de concluir sus trabajos, que serán presentados al Gobierno antes de abril. El debate, auspiciado por la Administración, pretende dar cobertura intelectual a la reforma de la Ley de Haciendas Locales.
La forma de ampliar los recursos municipales, y muy especialmente las alternativas al impuesto de actividades económicas (IAE), han centrado la discusión. La opinión generalizada, según se desprende de las conversaciones que Cinco Días ha tenido con los expertos, es que la supresión del IAE para el 90% de las empresas puede ser compensado con la participación de los entes locales en impuestos estatales como el IRPF, sociedades o IVA; lo que en el argot técnico se conoce como la cesta de impuestos. Ninguno defiende que los ayuntamientos deban legislar sobre estos tributos.
Javier Suárez Pandiello, profesor de la Universidad de Oviedo, considera que el IRPF debería ser compartido por las corporaciones locales, además de por el Estado y las regiones, como pasa ahora. Las corporaciones locales (municipios y diputaciones) establecerían tipos proporcionales sobre la base imponible, dentro de unos límites inferiores y superiores fijados legalmente.
El IVA sería también compartido por los tres niveles de Gobierno, aunque la capacidad normativa debería reservarse a la Administración central, a efectos de evitar 'exportaciones' impositivas entre territorios y problemas de armonización con la UE. La distribución de la recaudación entre Administraciones se haría en función del peso relativo de las competencias de gasto de cada nivel y del consumo. Otro de los expertos consultados, el profesor de Derecho Financiero Javier Martín, apunta la necesidad de tener en cuenta la variable población para la cesión de tributos.
Según Suárez Pandiello, el IAE no debería desaparecer, ya que permite obtener recursos de actividades poco gravadas por otros impuestos personales. El consenso de los expertos pasa por reformarlo para que sus bases se adecuen a los resultados económicos de las empresas y pueda ser deducido en el IRPF y el impuesto de sociedades, de tal forma que, en la práctica, sólo las mayores empresas tributasen por él.
El concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, Adolfo Dodero (otro de los expertos), reconoce la dificultad de hallar un sustituto al IAE y aboga por la cesta de impuestos como mal menor. Los dos principios que deben garantizarse son, a su juicio, no retroceder ni en recaudación ni en autonomía fiscal, 'algo que no garantiza un hipotético aumento en la actual PIE (participación en los ingresos del Estado). El recurso al IVA, aunque posible, lo considera 'técnicamente complicado'. El alcalde de Lleida, Antoni Siurana, que no forma parte de la comisión de expertos, pero es vicepresidente de la Federación Española de Municipios, también defiende la cesta de impuestos, incluido el IVA.
El nuevo modelo, en su opinión, debe respetar la 'función censal' que tiene el IAE para conocer la actividad económica de un territorio y, por otra parte, no renunciar a obtener ingresos derivados de la propiedad inmobiliaria.
Mantenimiento del IBI y mayor porción en los ingresos regionales
Los expertos propuestos por el Gobierno son reacios a subir el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para mejorar la financiación local. Abogan por su mantenimiento como primera fuente de ingresos (31% frente al 12,65% del IAE).
'Hay que rechazar la traslación de la presión fiscal del IAE a los inmuebles, ya que supone trasladar un impuesto que pagan las empresas hacia toda la población', señala Adolfo Dodero. 'No obstante, se podría mejorar la eficiencia del IBI si se cediera la gestión catastral a los municipios que, por su tamaño, puedan hacerse cargo', afirma Suárez Pandiello, partidario también de que las CC AA compensen a los ayuntamientos por el traspaso al ámbito autonómico del impuesto de matriculación de vehículos.
Los expertos abogan porque se potencie la 'escasa' participación de los entes locales en los ingresos de las comunidades autónomas (PICA). En cuanto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos, autores como Siurana proponen convertirlo en un recargo de los impuestos autonómicos sobre transmisiones inmobiliarias, con la correspondiente compensación. Así -indica- se ahorrarían trámites fiscales a los contribuyentes y se adecuarían las bases tributarias al mercado.
Añade que 'habría de plantearse la unificación de algunas tasas (basuras, alcantarillado) en una figura que respondiera a los objetivos medioambientales y permitiera cubrir los costes de estos servicios ante el previsible aumento de los mismos (recogidas selectivas, etc.).
Suárez Pandiello, al margen del resto de fiscalistas, apuesta por rescatar las contribuciones especiales para financiar inversiones locales, 'sobre todo, ahora que la Ley de Estabilidad Presupuestaria las constreñirá'.
La mayoría de los expertos se decanta por estudiar nuevos tributos medioambientales y gravámenes sobre infraestructuras de telecomunicaciones).