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Andalucía

La Junta andaluza actuará en infracciones urbanísticas si los ayuntamientos se inhiben

La Junta de Andalucía procederá contra las infracciones urbanísticas graves cometidas por promotores en el caso de que los ayuntamientos no procedan contra las ellas, según el nuevo anteproyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conocida como Ley del Suelo.

El texto fue aprobado ayer por la Junta, que lo remitirá al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva (el PSOE tiene una mayoría estable en la Cámara).

La medida prevé que la Administración autonómica proceda para restaurar la situación anterior a la infracción urbanística incluyéndose el derribo de edificaciones si fuese necesario.

Los ayuntamientos serán previamente apercibidos por la Junta de la situación irregular y tendrán un mes para proceder contra ella. Si no lo hacen en ese plazo, será la Junta la que intervenga si la infracción, calificada como grave, se halla en los siguientes supuestos: actividades que se realicen sin un adecuado instrumento de legitimación (es decir, sin que se recoja en planes de ordenación urbana o si va contra las ordenanzas municipales entre otros); las parcelaciones ilegales de suelo no urbanizable; actividades que afecten a suelo no urbanizable de especial protección, bienes o espacios protegidos, zonas verdes, espacios libres e infraestructuras; o actividades que afecten a la ordenación estructural del planteamiento urbanístico.

Con esta medida, el Gobierno andaluz pretende delimitar exactamente sus competencias para evitar contenciosos en los tribunales con los municipios.

La norma también recoge como novedad la figura del agente urbanizador. Esta figura permite a cualquier promotor privado desarrollar un proyecto urbanístico en un terreno si su propietario no acomete ninguna actuación en él en un período de tiempo.

La norma ha sido contestada por la Federación Andaluza de Empresas de la Construcción (Fadeco), que la ha catalogado de intervencionista, encarecedora del precio del suelo y causante de inseguridad jurídica.

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