La Carta de Derechos del Ciudadano se presenta hoy en el Congreso
La Carta de Derechos del Ciudadano, uno de los puntos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, se presentará hoy en el Congreso de los Diputados. El texto, que ha sido consensuado entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, cuenta con 42 derechos que pretenden mejorar la situación de los ciudadanos ante la Administración de justicia, informa Europa Press.
En la primera parte del texto (una justicia moderna y abierta) se recoge que el ciudadano tendrá derecho a recibir información actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales, incluyendo la creación de oficinas de atención en todo el territorio nacional.
Además, se podrá disponer de información transparente sobre el estado y actividad de los asuntos tramitados y pendientes (incluyendo acceso a la documentación que no tenga carácter reservado) de todos los órganos jurisdiccionales, y especialmente a saber del contenido y estado de aquellos en los que tenga interés legítimo.
Los ciudadanos también tendrán derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas 'sin perjuicio de su rigor técnico'.
El documento ofrece posibilidad de expresarse ante los órganos judiciales en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Además, el ciudadano podrá exigir la máxima puntualidad en las actuaciones judiciales en las que sea preceptiva su comparecencia y que su presencia ante un órgano de la justicia resulte 'lo menos gravosa posible'.
Uno de los nuevos derechos recogidos que resulta más significativo es el poder exigir responsabilidades por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la Administración de justicia, incluyendo la posibilidad de recibir una indemnización por daños causados en bienes o derechos. Este tipo de reclamaciones se tramitarán con 'preferencia y celeridad'.
El segundo bloque (una justicia que proteja a los más débiles) establece que el ciudadano que haya sido víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un juzgado o tribunal se produzca de forma adecuada a su dignidad preservando su intimidad, y que podrá ser informado sobre las posibilidades de obtener reparación por el daño causado y el curso del proceso.
Los extranjeros inmigrantes, según el borrador, tienen derecho a recibir una protección especial de la Administración de justicia para asegurar que comprenden las actuaciones procesales.