La Carta de Derechos incluirá mecanismos para acercar la justicia a los ciudadanos
El grupo de trabajo de la Carta de Derechos ante la Justicia ha hecho públicos los tres grandes principios que ha acordado y que le permitirán comenzar, a partir de ahora, la redacción en detalle de la carta.
En primer lugar, se intenta lograr una justicia más respetuosa con el ciudadano. El trato será atento y adaptado a las condiciones personales del individuo. La justicia se hará más rápida con la incorporación de tecnologías informáticas. Además, los procesos deberán ser explicados, comprensibles, y se permitirá que los ciudadanos interesados en un proceso exijan información particular. En caso de que el servicio no esté a la altura de estos objetivos, será posible exigir responsabilidades e indemnizaciones en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
En segundo lugar, la Administración de Justicia se propone atender con mayor sensibilidad y cuidado a los grupos más desfavorecidos, como las víctimas de la violencia doméstica, los menores de edad y los discapacitados. En lo referente a estos últimos, la justicia garantizará su acceso a los tribunales mediante la remodelación de edificios; diseñará para ellos procedimientos especiales de recepción o presentación de documentos, y evitará la repetición de comparecencias.
El último de los grandes ejes que orientan esta Carta de Derechos busca incrementar las garantías de los ciudadanos en su relación con abogados y procuradores. Los ciudadanos sabrán si su abogado ha sufrido actuaciones disciplinarias y podrán exigir un presupuesto antes de contratarle. Los letrados tendrán la obligación de informar a sus clientes sobre las consecuencias de cualquier declaración, incluso cuando comparezcan como testigos. Además, deberán mantener para siempre un riguroso secreto sobre sus representados. Y, para garantizar la calidad de los abogados de oficio, se prevén mecanismos de control sobre su formación y especialización.
El ministro Ángel Acebes ha convocado hoy a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado de Justicia.