Los constructores estudian recurrir ante Bruselas el impuesto sobre actos jurídicos
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) está estudiando recurrir ante la Comisión Europea el último incremento aplicado por cinco comunidades autónomas sobre el tipo impositivo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que pasa del 0,5% al 1%, en lo que representa un aumento del 100%.
Los promotores recuerdan que este tributo (del que están exentos los pisos de segunda mano y las viviendas protegidas) grava varias operaciones imprescindibles en el proceso urbanizador, como son la compra de suelo, la agrupación de fincas, si la hubiera, la declaración de obra nueva, la división de propiedad horizontal y la constitución del préstamo hipotecario en el acto de escritura pública de la operación de compra.
El hecho de que en todas estas operaciones se devengue el AJD supone que para el ciudadano que adquiere la casa el coste es muy superior al 1% que supuestamente paga cuando escritura la vivienda, ya que previamente lo ha desembolsado el promotor, que lo repercute como coste de construcción, con tipos impositivos aplicados sobre bases distintas.
Según los cálculos efectuados por la APCE, para una vivienda tipo de 173.000 euros (unos 28 millones de pesetas), el coste que tendrá a partir de este año adquirir una vivienda en construcción será un 1,52% más elevado (casi 440.000 pesetas), que si la misma casa hubiese sido comprada en 2001 en Madrid, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana o la Rioja, que son las cinco regiones donde el tipo impositivo es desde el 1 de enero el 1%. En el caso de la Generalitat de Cataluña, Hacienda asegura que no aplica el 1% de manera lineal, sino que establece distintos tramos, según sea la cuantía del inmueble.
En cualquier caso, los promotores aseguran que el AJD no debería existir, ya que la legislación comunitaria plantea que el único impuesto indirecto que grava las transacciones comerciales es el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Del mismo modo, no descartan plantear un recurso de inconstitucionalidad.