Rato pide a Calzada que detalle cómo castigar las salvedades
El Gobierno ya ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley Financiera, cuyo nombre será, a petición del Consejo de Estado, Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Incluirá todos los cambios que, durante el último año, se han ido adelantando. Pero no la suspensión de cotización en Bolsa a empresas con salvedades en sus auditorías, una propuesta de Blas Calzada que, según Rato, tendrá que formular con más detalle porque 'afecta a la liquidez'.
Año y medio ha tardado el Gobierno en aprobar la Ley Financiera. El texto empezó a larvarse en octubre de 2000, pero el caso Gescartera obligó a incluir modificaciones. Ayer el Gobierno aprobó el proyecto de ley, que deberá ahora ser ratificado por el Congreso.
La norma no incluirá una de las propuestas realizadas hace 15 días por Blas Calzada, como era la suspensión de cotización para aquellas empresas cotizadas cuyas auditorías contengan salvedades y éstas no se corrijan. Rodrigo Rato, ministro de Economía, considera que esta propuesta 'debería formularse con más detalle, porque afecta a la liquidez de los títulos'. Se puede considerar en las enmiendas parlamentarias a la ley, pero el vicepresidente segundo recalcó que la propuesta de Calzada no se ha hecho oficialmente. Sí que puede ir en la ley, vía enmienda, el régimen sancionador para las empresas de servicios de inversión cuyas cuentas tengan salvedades.
Paralelamente, la norma aprobada ayer contiene todos los aspectos que han sido adelantados en los últimos meses. Entre ellos, la nueva normativa sobre información privilegiada. El propio Rodrigo Rato comentó al presentar la norma que ésta incluye medidas tomadas como consecuencia de los últimos escándalos financieros en España y Estados Unidos: Gescartera y Enron.
Como consecuencia de Gescartera, la CNMV tendrá que dotarse de un reglamento interno, dar publicidad a las faltas graves (hasta ahora sólo las muy graves se difundían) y crear un registro de sanciones. Se aumentará el control sobre la Comisión y se exigirá honorabilidad a los apoderados de las empresas de servicios de inversión. Asimismo, el Gobierno incluyó en la ley un punto que obligará a los auditores a entregar a la CNMV sus papeles de trabajo en casos de desinformación graves.
Sobre la transparencia del mercado, Rato comentó que la ley incluirá la obligatoriedad de difundir operaciones empresariales al mercado, la de que los directivos y las compañías informen sobre operaciones vinculadas y un régimen sancionador para la manipulación de precios. Asimismo, se endurece la normativa sobre información privilegiada.
Por otra parte, la ley habilita a la Dirección General del Tesoro para realizar operaciones de adquisición temporal de activos de renta fija, que no quedan limitadas, como hasta ahora, a deuda pública española.
Se ha quedado fuera la creación obligatoria de un defensor del cliente en las entidades financieras cuyas decisiones fuesen vinculantes. Esta figura fue criticada por el Consejo de Estado y Rato admitió que este dictamen llevó a que la normativa sólo exija tener un departamento de atención al clientes.