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Modificación legal

Economía publicará informes sobre concentraciones antes de remitirlos al Consejo de Ministros

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció hoy que se está trabajando en una modificación legal que permitirá al Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía publicar sus informes sobre concentraciones antes de remitirlos al Consejo de Ministros.

Rato señaló que esta decisión amplía el Real Decreto que entró en vigor el pasado día 8, mediante el que se adapta el procedimiento a los cambios legislativos de los últimos años y refuerza la seguridad jurídica y la transparencia. El anuncio lo hizo en el seminario "Día Europeo de la Competencia", centrado en la liberalización de las telecomunicaciones y la aplicación de esas reglas en las retransmisiones deportivas, al que también asistió el comisario europeo de Competencia, Mario Monti.

Según Rato, una vez hechos públicos los informes, se remitirán al Tribunal de Defensa de la Competencia, donde en el caso de que los expedientes hagan referencia a concentraciones, emitirá un dictamen que enviará al Consejo de Ministros que, a su vez, impondrá unos requisitos a la operación.

El ministro explicó que se trata de elaborar una comunicación que recoja sistemáticamente los elementos esenciales que el Servicio de Defensa de la Competencia tiene en cuenta para valorar si una operación obstaculiza la competencia en los mercados. El documento no agota el ámbito de los elementos considerados en el análisis de las concentraciones, sino que sólo indica criterios generales que necesariamente deben ser aplicados con flexibilidad a cada paso por las autoridades competentes.

Por su parte, el comisario europeo de Competencia, Mario Monti, cuestionó si afecta a la competencia la duración hasta el 2009 del contrato sobre los derechos de fútbol de las plataformas digitales españolas Sogecable y Telefónica. En ese sentido, Monti precisó que la Comisión Europea trata de alcanzar un "acuerdo amistoso" con ambas compañías afectadas, pero si éstas no proponen una solución satisfactoria al Ejecutivo comunitario, éste elaborará una "declaración de alerta".

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