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Salarios

El Supremo decide hoy sobre los atrasos de los funcionarios

El Tribunal Supremo decidirá hoy si estima o no el recurso de casación interpuesto por el Gobierno contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de enero de 2001, que falló a favor de CC OO y anuló la congelación salarial de los empleados públicos en 1997.

De esta forma, el Supremo emitirá su fallo un año después de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, que dio la razón a la Federación de Enseñanza de CC OO y anuló la congelación salarial que sufrieron los empleados públicos en 1997, argumentando que la resolución adoptada por el ministro de Administraciones Públicas el 19 de septiembre de 1996 -por aquel entonces Mariano Rajoy- de congelar el salario de los funcionarios 'no se ajustaba al Derecho'.

Así, la Audiencia señalaba que los empleados públicos tenían derecho a percibir el incremento salarial, según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en 1997, más las cantidades que dejaron de percibir en los años posteriores como consecuencia de la inaplicación de dicho aumento salarial.

3.000 millones de euros

Así, si el Supremo diera la razón al sindicato el Gobierno, debería abonar esta cantidad en condición de atrasos, lo que supondría a las arcas públicas un desembolso de unos 3.000 millones de euros (alrededor de medio billón de pesetas). En principio, el Gobierno entiende que si pierde el recurso, el colectivo de afectados se limitaría a los 600.000 empleados públicos de la Administración central.

La letrada de CC OO que lleva el caso, Carmen Perona, aseguró que lo más probable es que el Supremo adopte una decisión 'salomónica' y estime parte de los argumentos del sindicato y parte de los presentados por el Ejecutivo, informa Europa Press.

En cualquier caso, apuntó que si el Supremo da la razón al Gobierno, CC OO presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y agregó que de estimar el recurso de casación del Gobierno, el Supremo daría un 'giro radical' en su doctrina y supondría 'un cambio en el sistema judicial'.

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