Más de la mitad de los empresarios catalanes apoya un Gobierno PP-CiU
El rechazo casi inmediato que provocó en Convergència i Unió la oferta de José María Aznar para incorporar nacionalistas en su Gobierno no es compartido por los empresarios catalanes. Una encuesta realizada por la patronal Fomento del Trabajo refleja que un 53,7% del empresariado catalán cree que debería haber ministros de CiU en el Gobierno hasta el final de la legislatura. Un 40% opina lo contrario.
La posición favorable a la entrada en el Gobierno se reduce significativamente ante un hipotético ejecutivo del PSOE: un 42,1% de los 400 empresarios encuestados considera positiva esta propuesta frente a un 41,9% que rechaza esta posibilidad. Un 16% de los entrevistados no responde a esta pregunta.
La consulta, que se realizó poco después de la oferta de Aznar, incluye también una valoración sobre la colaboración de CiU con los Gobiernos del PSOE y, posteriormente, del PP, en diferentes ámbitos. Los mejores frutos de esta colaboración se recogieron, según las empresas adheridas a Fomento, entre 1996 y 2000, coincidiendo con el Gobierno en minoría de Aznar.
Los resultados más positivos se detectan, según la encuesta, en política económica y fiscalidad, con un 71,7% y 68,8%, respectivamente. Los porcentajes bajan significativamente en la actual legislatura y se sitúan incluso por debajo de las valoraciones de la etapa de colaboración con el PSOE: un 54,4% de los empresarios cree que la relación de CiU con el PP en política económica ha sido buena en esta legislatura, frente al 55,9% que considera positivos los resultados obtenidos en esta materia bajo Gobiernos socialistas.
La encuesta arroja valoraciones similares en fiscalidad y política laboral (ligeramente mejores con el PSOE que con la mayoría absoluta del PP), pero no así en infraestructuras. De hecho, un 35% de los empresarios entrevistados cree que la política de infraestructuras está siendo positiva en esta legislatura, cinco puntos por encima de los que valoran positivamente los resultados que en esta materia se obtuvieron entre 1996 y 2000.
Reforma del TC
Por otro lado, Convergència i Unió (CiU) ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional (en concreto el artículo 71 de la LOTC) con el fin de regular la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan plantear un conflicto de competencias contra el Gobierno porque éste no ha transferido las competencias previstas.
Los nacionalistas catalanes argumentan que la falta de acuerdos de transferencias produce en la actualidad un 'verdadero impedimento u obstaculización' por parte del Estado del ejercicio de las competencias propias de las comunidades autónomas.
En la actualidad, la ley regula que el Estado y las comunidades autónomas puedan plantear conflictos de competencia cuando se dicta una norma que, o bien invade el ámbito de competencias de otro, o bien impide u obstaculiza a la otra parte el ejercicio de sus competencias, lo que se conoce como 'conflictos positivos'. También establece una legitimación activa a favor del Gobierno para plantear un conflicto de competencias frente a la inactividad de una comunidad autónoma, denominado 'conflicto negativo'.
CiU indica que la ley no reconoce esa misma legitimación activa para las comunidades, con lo que éstas no pueden plantear el conflicto de competencia frente al Estado.
La propuesta de los nacionalistas catalanes fija un calendario muy reducido para ejercitar esta vía de recurso. Así, se empezará dirigiendo un requerimiento previo al Gobierno para que ejercite las atribuciones propias de sus competencias y, transcurrido un mes sin que el Ejecutivo atienda la petición, ya sea de forma expresa o por silencio, se podrá presentar el conflicto ante el Tribunal Constitucional.