El plan de un banco euromediterráneo de desarrollo

Felipe Carballo Ríos defiende la propuesta de la presidencia española de la UE para crear un banco euromediterráneo de desarrollo y propone Madrid como sede de la nueva institución.

Este proyecto esbozado desde hace varios años, bajo la fórmula de un banco de desarrollo regional, parece que va a ver la luz con ocasión de la Cumbre Euromediterránea de Valencia el próximo mes de abril. Nada mejor que un marco mediterráneo y un contexto claro de apoyo a la asociación de estos países para presentar esta propuesta. Es, por lo tanto, un proyecto necesario y oportuno en el tiempo para fortalecer nuestras relaciones económicas y financieras con el resto de los países ribereños y así poder dar contenido y solidez a los Acuerdos de la Conferencia de Barcelona del año 1995.

Con la filosofía de fortalecer la estabilidad política y democrática en los países de la región, la creación de una zona de libre comercio euromediterránea y el fortalecimiento de las relaciones humanas y culturales, el desarrollo de la cooperación financiera es un factor primordial en un marco económico de cooperación sobre el que la Comisión debería definir los objetivos y en función de éstos, el modelo de la futura institución, la estructura que debería soportar y, finalmente, su vertebración y proyección regional.

Respecto a los objetivos, la Comisión deberá velar para que el futuro banco actúe en tres áreas: apoyar financieramente los proyectos de integración económica regional y la creación de una zona de libre comercio; ayudar a la reestructuración, modernización y saneamiento de las estructuras financieras de los países del área; y controlar la eficaz administración de los recursos financieros que los diferentes programas que la UE o terceras instituciones multilaterales apliquen para mejorar las condiciones sociales de sus habitantes.

Sólo en este contexto de desarrollo comercial, financiero y social básico, se podrán dar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los países menos desarrollados de la cuenca mediterránea, en un entorno más habitable, más respetuoso con el medio ambiente y en un marco social más democrático y plural.

En cuanto al modelo de institución que se pretende, los posibilidades barajadas no parecen, a priori, idóneas; bien como filial del BEI, ligado a las decisiones políticas de la UE, bien como una institución más autónoma bajo la condicionalidad de los bancos de desarrollo más alineados en planteamientos institucionales y corporativos, o bien como un modelo híbrido como el del BERD, cuyos objetivos y desarrollo están más vinculados a decisiones exógenas que a una realidad económica y social del modelo de sociedad que se pretendía transformar. Ninguno de ellos se ajusta a los objetivos definidos.

Difícil tarea tiene la Comisión, o por delegación el BEI, para diseñar un modelo de institución más integrada en sus objetivos, más proporcionada en sus medios, más transparente en su gestión y menos onerosa para los contribuyentes de la UE y que, además, nazca de un consenso.

Presentar la propuesta del banco euromediterráneo durante la presidencia española es una ocasión única de pilotar una acción política, financiera y de desarrollo hacia una zona muy sensible en sus relaciones con la UE y en especial para nuestro país. Iniciativa que no es inédita, ya que en los primeros años de la pasada década los intereses de Alemania, Reino Unido y en menor medida Francia e Italia condicionaron la creación del BERD.

Evitar, por otra parte, los recelos de países como Francia, Italia y Grecia y eliminar las reticencias de Alemania y Reino Unido con menos intereses al respecto es una dura labor que Economía y Exteriores tienen por delante y que necesita, en un marco de transparencia e información, de todos los apoyos para llevar a buen puerto esta propuesta, que en su posible ubicación, en la vecindad del Ministerio de Economía, podría ser la primera institución de una descentralizada Unión Europea en la capital de España.