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Acceso

Los proveedores de Internet critican las prácticas de Telefónica con el ADSL

La Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet (Aepsi) asegura poder demostrar una serie de prácticas distorsionadoras por parte de Telefónica que impiden una competencia efectiva en el mercado de ADSL en España. Esta organización, creada en agosto del pasado año, critica entre otras cosas los retrasos de instalación de ADSL en sus clientes y la resolución de incidencias en los mismos, al depender de los técnicos de Telefónica.

Telefónica está descremando el mercado y se está quedando con los mejores clientes de ADSL', denuncia Juan José Montero, miembro de la junta directiva de la Aepsi y director de regulación de WorldCom. Esta empresa critica, junto con las otras siete que constituyen la asociación (AOL Spain, Arrakis, Cable & Wireless, Eresmas Interactiva, Airtel Móvil, Wanadoo y Ya.com), que Telefónica se está aprovechando de que actualmente tiene que intervenir en todos los procesos de instalación técnica de servicio ADSL, aunque el cliente sea de la competencia, para cometer irregularidades en los plazos de instalación de esta tecnología en los clientes de la competencia.

Los miembros de esta asociación aseguran que los plazos para instalar el ADSL a sus clientes está oscilando entre 30 y 45 días, mientras que los tiempos se acortan a entre 5 y 10 días si se trata de clientes finales de Telefónica. La Aepsi ve igualmente irregularidades en la gestión de incidencias, que muchas veces está en manos del operador dominante. Además, 'Telefónica mantiene el control sobre la gestión de las altas y las bajas de los clientes, suyos y de sus competidores, y nos resulta imposible dar de alta un cliente que lo ha sido previamente de Telefónica hasta que éste le dé de baja en su red'.

El origen del problema está, según explican, en que el ADSL se ofrece sobre las líneas telefónicas convencionales en las que se instala un dispositivo (un splitters) que multiplica la capacidad de la red. 'Telefónica instala y mantiene estos dispositivos en el domicilio del usuario y ello provoca que los técnicos instaladores de esta compañía realicen en ocasiones labores tanto técnicas como comerciales, aprovechando la ocasión para desprestigiar nuestro servicio u ofertar el suyo propio', aseguran desde la Aepsi.

Sin desgaste comercial

María Jesús Alonso, directora de regulación y relaciones instituciones de Cable & Wireless, es tajante: 'Telefónica no tiene ni que ir a buscar qué clientes están interesados en el ADSL. Nosotros les damos los contactos. Sólo tiene que ir y hacer una contraoferta. No tiene que hacer ese desgaste de comercialización'.

Los miembros de esta asociación están preparando una petición formal a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para que controle qué está pasando de verdad en el mercado y si se están produciendo discriminaciones entre los usuarios finales de Telefónica y los mayoristas (otros proveedores). 'Es fácil probar que hay diferencias brutales. Basta con que soliciten información a ambas partes', comenta Joaquín Collado, director de Arrakis, para quien no basta con poner las reglas si no que hay que vigilar su cumplimiento.

la Aepsi no descarta poner en marcha otras medidas, como acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia, si la actuación de la CMT no se lleva acabo con la celeridad necesaria. El ADSL es vital para el nuevo modelo de negocio hacia el que están girando los proveedores de Internet: el cobro por el acceso y los contenidos, ligado todo ello a la calidad de servicio.

Según la Aepsi, los precios y condiciones para el alquiler de circuitos para dar banda ancha a las medianas y grandes empresas es aún peor. 'El precio es tres veces más alto que en los países europeos de referencia, lo que supone que las compañías españolas están pagando tres veces más que las alemanas para llevar su negocio a Internet', señala Oscar Beltrán, director jurídico de AOL Spain y presidente de la asociación.

Según este colectivo, el peso que tiene el circuito sobre el precio total del servicio básico de acceso a Internet es del 80%. 'Las empresas están pagando un precio excesivo a Telefónica y está dificultando el que podamos introducir servicios que ya prestamos fuera de España'. Fernando Golmayo, director jurídico de Wanadoo, asegura que ésta no es sólo la opinión de esta asociación. 'Un informe de BBVA Bolsa reconoce que la eficacia de la regulación en España es muy baja, que el retraso en la apertura del bucle local está favoreciendo a Telefónica y dice textualmente que el presente y futuro del ADSL está en manos de Telefónica'.

'Nuestra labor no es ser policías en Internet'

 

 

 

Las empresas de la Aepsi no están muy de acuerdo con el proyecto de ley de servicios de Internet (LSSI) que el Consejo de Ministros aprobó el 8 de febrero. 'Excede el ámbito de la mera transposición de la Directiva 2000/31 y dificulta el desarrollo de la sociedad de la información, en lugar de fomentarlo', aseguran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Valiente y María Rosa Rotondo, del secretariado general de la asociación, critican las medidas que introduce el proyecto y que permiten el cierre o la interrupción por la Administración (autoridad competente) de los servicios de los proveedores de servicios de Internet e incluso la suspensión temporal de su actividad, el cierre provisional de sus establecimientos o la incautación de sus equipos. 'Creemos que son desproporcionadas, abusivas y discrecionales'.

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Golmayo, director jurídico de Wanadoo, cree que el texto no establece de forma específica el principio de irresponsabilidad de los proveedores por los contenidos ajenos a ellos y que circulan por sus redes. 'Tal y como está redactado el proyecto de ley, somos responsables de los contenidos que alojamos o almacenamos o a los que facilitemos un enlace, salvo que consigamos probar que no teníamos conocimiento efectivo de la existencia de dichos contenidos, cuando la directiva establece lo contrario'.

 

 

 

 

 

 

 

Aepsi, que cree que su labor no es 'la de ser policía', dice que la ley debe definir la asunción de costes en los que puede verse obligado a incurrir un proveedor al cumplir las obligaciones que le impone la ley respecto a la custodia y almacenamiento de datos.

 

 

 

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