La inversión en Argentina
El aguijón del Fondo Monetario Internacional ha obligado al Gobierno de Argentina a esbozar públicamente parte de sus planes respecto al mundo empresarial. Una cuestión, sin duda, de gran trascendencia para las inversiones españolas en aquel país.
La decisión oficial de vetar parcialmente la Ley de Quiebras, recientemente aprobada por el Congreso, ha sorprendido gratamente al sector bancario. Al dejar sin efecto la obligación de las entidades acreedoras de provisionar fondos para cubrir el 100% de las deudas que no pudieran renegociar con los deudores en un plazo de 90 días, la posición de los bancos mejora sensiblemente. Y, lo que es fundamental, elimina el impacto negativo sobre los patrimonios de los bancos. La retirada de la espada de Damocles de la provisión y el plazo de negociación permite que los bancos se sitúen en una posición más cómoda frente a sus deudores.
La segunda medida tomada por el presidente Eduardo Duhalde, mientras su ministro de Economía negociaba el plan económico en Washington, también debía beneficiar a la banca a costa de las empresas petroleras, especialmente de Repsol YPF. Pero no ha sido así. El Gobierno ha decidido, tras innumerables idas y venidas, implantar un impuesto del 20% sobre las exportaciones petroleras, que excluyen el gas. Pero el importe de esta retención, valorado en unos 450 millones de euros anuales, de los cuales a Repsol YPF le correspondería pagar una buena parte, no se destinará a compensar la pérdida de los bancos por la pesificación de sus activos, sino para paliar el déficit público. Forzosamente, esta medida repercutirá sobre las inversiones previstas por las empresas y sobre el nivel de empleo. También tendrá su impacto sobre los precios de los combustibles, única vía de las compañías para resarcirse del daño que el impuesto tendrá sobre su cuenta de resultados. El 70% de la producción argentina de Repsol YPF se coloca en el mercado local.
Similares efectos pueden esperarse del proceso de renegociación entre el Gobierno y las empresas privatizadas, fundamentalmente en manos de capital español. En un plazo de 30 días deberá conformarse una comisión oficial que negociará la actualización de los precios de los servicios con las compañías, muy afectadas por la devaluación del peso. Pero sólo 120 días después se conocerán los resultados de las discusiones. Mientras tanto, es un hecho que las inversiones previstas para 2002 no se cumplirán. Ya se adelantan apagones de las eléctricas si no se acuerdan subidas de precios. También empeorarán los servicios de agua, autopistas y de gas.
Se abre un nuevo periodo de incertidumbre para las empresas españolas presentes en Argentina que cotizan en Bolsa. El castigo, hasta el momento, se ha centrado en Repsol y en los bancos. Ahora le puede tocar el turno a las empresas de servicios, aunque cuentan con una baza a su favor, la cartera de clientes. Un activo que los analistas valoran bien.