El Gobierno renuncia a su proyecto de implantar la Ley de Cooperación
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, no logró ayer el consenso que necesita para redactar la Ley de Cooperación. Posada, que rechazó una y otra vez las peticiones de los Gobiernos regionales de transformar el Senado en Cámara de representación territorial y permitir que las comunidades autónomas participen en los consejos de ministros de la UE, dijo que ¢si una ley general es un obstáculo para la cooperación habrá que impulsar ésta a través de decretos o acuerdos no legislativos¢.
Los esfuerzos del ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, por mostrarse conciliador fueron ayer vanos. La evidencia se impuso una vez más: la distancia que separa al PP de sus oponentes políticos es tal que la Ley de Cooperación, hoy por hoy, sólo podría ver la luz gracias a la mayoría absoluta que ostenta el Gobierno, lo que la convertiría en papel mojado.
El titular de Administraciones Públicas concluyó su comparecencia ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado reconociendo que ¢si una ley general supone un obstáculo para la cooperación se puede llegar a ésta por normas puntuales o incluso mediante acuerdos sin desarrollo legislativo¢. Y propuso la creación de una ponencia que estudie el informe de la norma y elabore las directrices futuras en materia de cooperación. De todas formas, el portavoz del PP en el Senado, Esteban González Pons, insistió en la conveniencia de consensuar una ley general.
Antes de comenzar las sesión, tanto el portavoz de CiU, Xavier Marimón, como la portavoz del PNV, Inmaculada Loroño, rechazaron públicamente la oferta de la Administración central por considerar que introduce elementos de ¢jerarquización y subordinación¢, en palabras de Marimón.
En la sala de plenos, las discrepancias con los socialistas también salieron a relucir. El extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el único presidente autonómico que acudió al Senado para conocer de primera mano la propuesta del Ejecutivo de José María Aznar, resumió todo el desencanto del PSOE en una frase: ¢No he conseguido arrancarle ningún compromiso¢.
Posada, que durante su intervención calificó de error el envío de un cuestionario a los presidentes autonómicos y advirtió que no intenta redactar una segunda Loapa, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico que el TC consideró en su momento inconstitucional, rechazó, sin embargo, con más o menos contundencia todas y cada una las peticiones de Ibarra: la reforma del Senado ¢Ya verá cómo la modificación del Reglamento no funcionará¢, vaticinó; la constitución de una conferencia de presidentes autonómicos, cambios en el funcionamiento de las conferencias sectoriales, de suerte que puedan ser convocadas por los consejeros y no siempre cuente con la presencia del titular de turno, y la participación autonómica en los Consejos de Ministros que se celebran en Bruselas.
Los populares se limitaron a respaldar a su ministro y sólo el representante valenciano apoyó la iniciativa de convertir las conferencias sectoriales en verdaderos órganos de coordinación autonómica.
El derecho a sentirse español o antiespañol
El ministro de Administraciones Públicas coincidió ayer con el presidente de Extremadura en la necesidad de encontrar una definición política ¢no técnica¢, y ambos hicieron especial hincapié en este punto del sistema ¢que nos hemos dado los españoles¢, dijo Rodríguez Ibarra, en clara alusión al Estado de las autonomías. ¢Una definición que permita a cualquiera sentirse español o antiespañol¢, llegó a decir, pero que ¢de una u otra manera¢ respete los dos principios básicos de la cooperación, la libertad individual y la corresponsabilidad en los mecanismos de cohesión social y económica.
No fueron estos los únicos puntos de encuentro de los dos políticos. Ibarra consiguió arrancar al ministro de Administraciones Públicas una crítica a aquellos que utilizan el debate interno de los partidos para poner en evidencia la contradicción de las fuerzas parlamentarias y el rechazo formal a la constante distinción que los analistas políticos hacen entre españoles buenos y españoles malos.