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Agricultura

La Generalitat limita la actividad financiera de las cooperativas

La Generalitat Valenciana ha apretado el cinturón a las secciones de crédito (divisiones que ofrecen servicios financieros a los socios) de las cooperativas agrarias valencianas. Una nueva normativa limita su actividad crediticia, con lo que merma la capacidad de financiación de los socios de la cooperativa y la de la sociedad.

La Generalitat Valenciana ha dictado una nueva normativa que limita de forma sustancial los servicios financieros que las cooperativas agrarias valencianas prestaban a sus socios a través de las secciones de crédito.

La decisión del Gobierno valenciano, que controla la actividad de estas entidades a través del Instituto Valenciano de Finanzas, ha creado un profundo malestar entre las cooperativas, ya que limita tanto la financiación de las propias entidades agrarias como la de los agricultores socios.

Según la nueva normativa, la actividad crediticia de estas entidades con sus socios no podrá superar el 50% de los recursos propios de la entidad. 'Esta norma supondrá la desaparición de la mitad de las 49 secciones de crédito que existen actualmente', aseguró ayer en rueda de prensa el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas (Fecoav), Enrique Blasco.

Las secciones de crédito de las cooperativas agrarias valencianas son un instrumento muy arraigado en determinadas zonas rurales de la comunidad, aunque en los últimos años, con el endurecimiento de la normativa financiera, se han visto reducidas notablemente, ya que o se han convertido en cajas rurales o se han integrado en otras entidades financieras mayores, como Crèdit -creada el año pasado por una veintena de secciones de crédito-, Credicoop o Caja Rural de Valencia.

Esto ha provocado que los socios de estas cooperativas no puedan acceder a créditos a bajo interés y que las propias cooperativas pierdan una vía de financiación para sus proyectos. 'Las cooperativas han perdido de esta forma la posibilidad de aumentar su cuenta de resultados con los beneficios que le proporcionaba la sección de crédito', explicó Blasco.

Según datos de la Consejería de Economía y Hacienda, de las 59 secciones de crédito que aún existen en la Comunidad Valenciana, 11 incumplen la actual normativa pero podrán adaptarse y otras cuatro se encuentran en una situación muy complicada. La regulación que entró en vigor el mes pasado señala que todas estas entidades tienen dos años para alcanzar las provisiones correctas, es decir, el doble de fondos propios que de préstamos concedidos, reduciendo la diferencia un 25% cada seis meses. 'Muchas entidades tendrán que traspasar créditos que ya tienen firmados con sus socios a otras entidades si no quieren cerrar', explicó Blasco.

Fecoav ha intentado negociar con el consejero de Economía, Vicente Rambla, una reducción de las condiciones que se exigen a las entidades. 'Le propusimos que las secciones limitasen su actividad crediticia a la misma cantidad de fondos propios, pero lo rechazó', dijo el presidente de las cooperativas.

Problemas con Hacienda

Por otro lado, el presidente de Fecoav señaló ayer que Hacienda está reclamando a las cooperativas y las organizaciones de productores de frutas y hortalizas de carácter privado el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) por las aportaciones al fondo de operaciones. El montante de esta reclamación puede oscilar entre 1,26 y 2,88 millones de euros, según los cálculos de Fecoav.

Las cooperativas han decidido recurrir las actas levantadas por las inspección, ya que consideran que estas aportaciones son una inversión de los socios en mejoras de la propia cooperativa. Sin embargo, Hacienda las considera como aportaciones de autoconsumo, es decir que el socio recibirá a cambio un servicio de la sociedad, por lo que aplica el IVA a las mismas.

El fondo operativo de las cooperativas se creó con la última OCM (regulación europea) de Frutas y Hortalizas y supone que las organizaciones de productores aportan para mejoras de su estructura hasta el 6,7% del valor de la producción comercializada. La Comisión Europea devuelve el 50% de la inversión para fomentar la mejora del sector.

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