Deloitte and Touche recurrirá la multa impuesta por Economía
La auditora Deloitte & Touche anunció hoy que recurrirá la sanción de 540.000 euros que le ha impuesto el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, por una infracción administrativa presuntamente cometida en su auditoría sobre las cuentas de Gescartera correspondientes al ejercicio 2000.
Deloitte & Touche fundamenta su decisión de recurrir en que la normativa vigente en aquel momento impedía extender las comprobaciones del auditor de las sociedades gestoras de carteras a los patrimonios de los clientes administrados por las mismas. Además, subraya que esta normativa fue modificada a raíz precisamente del presunto fraude de Gescartera.
Por ello, la auditora mantiene que su actuación se llevó a cabo de acuerdo con la normativa vigente, por lo que recurrirá la sanción "en la seguridad de obtener de las instancias o tribunales competentes una resolución o sentencia favorable a la tesis mantenida" por la firma.
Asimismo, la sociedad expresó su "profunda sorpresa y malestar por la vulneración del derecho de confidencialidad que ampara al expediente aún en curso, al haberse filtrado por fuentes ajenas a la firma conclusiones aún no definitivas que pueden causar un grave perjuicio" a la imagen de la empresa. Finalmente, Deloitte & Touche se ratifica en su intención de realizar cuantas actuaciones sean necesarias para defender los legítimos intereses de sus clientes y colaboradores, así como de la propia firma.
La sanción impuesta a la sociedad representa el 3% de la facturación anual de Deloitte & Touche en esta actividad en España, que asciende aproximadamente a 18,03 millones de euros (3.000 millones de pesetas), el porcentaje más elevado que se ha aplicado con motivo de una sanción a una de las cinco firmas más importantes del sector. Cabe recordar que a Ernst & Young se le sancionó con un 0,5% de su facturación por el caso AVA.
El expediente sancionador, que ha desembocado en una multa para la auditora, fue incoado el 22 de octubre de 2001 a instancias del Ministerio de Economía, al haber apreciado entonces indicios razonables de infracción administrativa.