Los bancos critican las normas que les atañen sobre información privilegiada
Los bancos han protestado ante el Gobierno y ante el Consejo de Estado por las medidas que les impondrá la Ley Financiera sobre el uso y la salvaguarda de información privilegiada. Creen que las normas que recoge el anteproyecto son costosas y difíciles de aplicar. Se unen así a las críticas del órgano consultivo, que ha pedido a Economía un cambio en la ley para limitar los poderes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las medidas sobre el uso de información privilegiada que recoge el anteproyecto de la Ley Financiera han suscitado una gran controversia. Por el lado institucional, el Consejo de Estado, en su dictamen, ha recomendado al Ministerio de Economía que modifique el artículo 31 para que recorte los amplios poderes normativos que le otorgaría a la CNMV en esta materia. Desde el sector financiero también ha habido fuertes críticas.
La norma afecta a todas las entidades financieras que operen en los mercados de valores. Los bancos han presentado alegaciones ante el Gobierno, que también han manifestado ante el Consejo de Estado. Consideran que ciertas reglas de la ley les imponen un coste considerable y, además, son difíciles de llevar a la práctica, explican fuentes financieras.
Los puntos cuestionados tienen que ver con el flujo de información privilegiada entre los distintos departamentos de las entidades con actividad en los mercados (las denominadas murallas chinas).
Así, deben establecer ¢áreas separadas de actividad¢; imponer ¢barreras de información¢ entre éstas y también con el resto de la organización, y definir un sistema de decisión sobre inversiones que garantice que se adopten de forma autónoma ¢dentro del área separada¢, señala el texto. Pero también obliga a llevar ¢una lista de valores e instrumentos financieros sobre los que se dispone de información privilegiada¢, además de ¢una relación de personas y fechas en que hayan tenido acceso a tal información¢, según el texto de la ley que ha analizado el Consejo de Estado.
Cambios esperados
Otro punto del texto obligaría a los emisores de valores que estén analizando o negociando ¢cualquier tipo de operación jurídica o financiera¢ que pueda influir en la cotización de un valor a elaborar un registro de las personas que están al tanto de esa información y también de las fechas en que la han conocido.
El anteproyecto aún está en manos del Gobierno, que está analizando las objeciones hechas a la ley. Sectores del propio Ministerio de Economía están intentando provocar cambios en ciertos aspectos del polémico texto, según fuentes de esta institución.
El Consejo de Ministros aprobará la redacción definitiva en los próximos días para iniciar su trámite en el Parlamento, antes de su entrada en vigor.