PP y PSOE retiran la propuesta de limitar el peso público
El PP y el PSOE han retirado de sus propuestas de negociación para la reforma legislativa de las cajas la cuestión de limitar al 50% el peso de los poderes públicos en estas entidades. Esto significa que rechazan cambiar esta representación. Ambos quitan ahora importancia a las llamadas de atención de la UE sobre este aspecto.
El portavoz de asuntos económicos del Grupo Socialista en el Congreso, Jordi Sevilla, dijo ayer claramente que poner un tope del 50% a la presencia de las Administraciones autonómicas y locales en las cajas no es un tema prioritario. Y si esto puede constituir un 'elemento de lucha' para el PP 'contra el PSOE y las cajas, retiraré la propuesta', señaló durante unas jornadas sobre cajas organizadas por su partido. A renglón seguido y en declaraciones a este diario, Magdalena Álvarez, la consejera de Economía en Andalucía -una de las regiones menos conformes con la propuesta- afirmó que daba por retirada la proposición.
Para Sevilla son prioritarios en la reforma de las cajas tres puntos: la proporcionalidad de los representantes en los órganos de gobierno de las entidades, buscar instrumentos de renta variable para reforzar los recursos propios de las cajas y la obra social.
Por su parte, el portavoz de economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, declaró en el mismo sentido que Sevilla que 'no es esencial' limitar al 50% el poder público en las cajas y que este punto se ha retirado de las negociaciones que mantendrá con el resto de grupos parlamentarios en breve, dijo a este periódico. Con el PSOE, de momento no habrá contactos.
Riesgo de privatización
Ambos partidos restan ahora importancia a las llamadas de atención de la Unión Europea sobre la presencia pública en las cajas. La UE lo ha puesto en entredicho a cuenta de un crédito concedido por Caja Cantabria a Sniace.
Los representantes del PSOE en las comunidades gobernadas por este partido, sobre todo, Andalucía y Castilla-La Mancha, expresaron ayer en las jornadas su oposición a un cambio en el reparto de poder de las cajas. La mayoría de las leyes autonómicas permite superar el 50%.
Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha, fue el ponente que más cuestionó la reforma legislativa y alertó del riesgo de privatización que entrañaría que las cajas emitieran cuotas participativas porque sus compradores reclamarían derechos políticos.
Mientras, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, se manifestó a favor de que la legislación estatal fije un máximo y un mínimo de representación pública y que las comunidades autónomas legislen bajo esa horquilla.
Parte de la reforma de la normativa se incorporará a la Ley Financiera en su trámite en el Parlamento, donde el PP tiene mayoría absoluta. El documento de propuestas que debatió ayer el PSOE no es definitivo, ya que aún debe ser aprobado por su ejecutiva.