Los promotores de Orriols ganan la carrera a la justicia
Después de cinco años estudiando si un plan de urbanización se adjudicó legalmente, el tribunal ha decidido aplazar la sentencia. Cuando falle, los promotores habrán acabado hasta los edificios
En febrero de 1997 empezó una carrera imaginaria entre las empresas adjudicatarias de las obras de urbanización de 520.000 metros cuadrados de huerta en el barrio de Orriols de Valencia y los tribunales.
La adjudicación fue recurrida y algunos críticos con la lentitud de la Administración de Justicia pronosticaron que la sentencia no llegaría antes de que finalizasen las obras de urbanización. Se quedaron cortos.
El PAI (Plan de Actuación Integrada) de Orriols fue uno de los primeros planes aprobados al amparo de la nueva ley urbanística valenciana, que permite a cualquier empresa presentar planes para urbanizar terrenos ajenos.
Quince constructoras lideradas por Agroman y representadas por Gestión Urbanizadora Valenciana (GUV) presentaron un plan, al que respondieron otros dos grupos con sendas alternativas técnicas y económicas.
Tras un largo y agrio proceso, en febrero de 1997 el ayuntamiento adjudicó la urbanización a Espacios del Norte, una empresa formada por las constructoras Metrovacesa, Dragados, Lubasa, Edival y otros socios minoritarios. GUV presentó tres recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
Fallo aplazado
Las obras de urbanización comenzaron, mientras el TSJ se tomaba su tiempo en estudiar este caso y otros muchos que le llegaban por presuntos abusos en la aplicación de la ley autonómica. Después de casi cinco años, con la urbanización de Orriols prácticamente terminada y algunos edificios ya en construcción, el tribunal acaba de comunicar a las partes que aplaza el fallo.
La explicación es que el propio TSJ pidió recientemente al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de 13 artículos de la ley valenciana, y los jueces han dicho que hay que esperar a ese fallo -el Constitucional está tardando una media de tres años en dictar sentencia- y luego resolver.
La decisión ha sorprendido a GUV, que se pregunta si la duda al Constitucional no podría haberla planteado en 1997, 'y a lo mejor ahora teníamos sentencia', según el abogado de la firma, Javier Aguado. Los recurrentes se han resignado a aceptar que sólo pueden aspirar a una indemnización si los tribunales les dan la razón, ya que para entonces -2005 como pronto- este nuevo barrio de 3.200 viviendas estará terminado y habitado.
No obstante, GUV ha pedido al tribunal que al menos resuelva sobre uno de los tres recursos, que no tiene nada que ver con la constitucionalidad o no de la ley urbanística valenciana. Si les dieran la razón, significaría que la adjudicación de 1997 es nula y daría lugar a indemnizaciones.
Presuntas irregularidades
Este recurso se refiere a la falta de exposición pública de la oferta ganadora, Espacios del Norte. En una interpretación de la ley que GUV considera irregular, el ayuntamiento permitió que Espacios del Norte lograse la adjudicación de la urbanización -22,21 millones de euros- sin haber expuesto sus planes técnicos ni los económicos. La oferta de GUV estuvo expuesta 40 días.
El TSJ se ha planteado dudas sobre la constitucionalidad de los plazos fijados en la ley valenciana, pero lo que alega GUV es que el Ayuntamiento de Valencia no cumplió ningún plazo porque ni siquiera hubo exposición. Los otros dos recursos se refieren a la falta de personalidad jurídica de Espacios del Norte en el momento de la presentación de ofertas y plicas, ya que no estaba inscrita en el Registro Mercantil, y a la nulidad de la oferta económica por defectos de forma.
Además de todo ello, GUV ha incorporado al caso otras pruebas de presunto favoritismo del ayuntamiento hacia Espacios del Norte, como la cesión de 10.000 metros cuadrados del consistorio -derechos de edificación- a la empresa, a cambio de la construcción de una piscina cubierta en el barrio.
A los precios de mercado del suelo edificable en Valencia, 'la piscina ha costado 750 millones de pesetas [4,51 millones de euros], una burrada', según Javier Aguado.