La zona fiscal especial de Canarias no logra despegar después de un año
Un año después de que la UE diera luz verde al régimen fiscal de la Zona Especial Canaria (ZEC), 65 empresas han obtenido autorización para instalarse en este territorio de baja tributación, comprometiendo una inversión de 66 millones de euros y 725 empleos. Matilde Asián, presidenta de la ZEC, valora con cautela la acogida empresarial y teme las secuelas que puedan tener para su despegue los acontecimientos del 11 de septiembre. A cambio, ofrece absoluta garantía jurídica para las sociedades.
El atentado del 11 de septiembre ha removido los cimientos de la economía mundial y, por supuesto, ha colocado en cuarentena muchos nuevos proyectos de inversión en la ZEC'. Quien así habla es Matilde Asián, presidenta de la Zona Especial Canaria, un régimen fiscal de baja tributación que cuenta con el respaldo de las autoridades comunitarias y tiene su centro de operaciones en el archipiélago. 'Muchos inversores americanos han cancelado su proyecto de instalarse en nuestro país después de los acontecimientos de septiembre', aseguraba ayer en una entrevista concedida a este diario tras celebrar una jornada para inversores madrileños.
No es éste el único lastre de un proyecto que, pese a estar localizado en Canarias, depende administrativamente del Ministerio de Hacienda. La presidenta de la ZEC debe lidiar en estos momentos con dos toros de envergadura, además de con las incertidumbres propias de la desaceleración económica mundial. Por un lado, la sospecha jurídica que pesa sobre los regímenes especiales de Madeira e Irlanda y, por otro, el hecho de que la ZEC se concibiera inicialmente como una zona de baja tributación exclusivamente para no residentes, lo que ha desincentivado a muchos inversores nacionales. Hoy, esto es absolutamente incompatible con las exigencias de la UE.
Con Madeira clausurada por las autoridades comunitarias e Irlanda investigada por lo que se conoce como prácticas perniciosas, la juventud del régimen canario ofrece, por el contrario, todas las garantías jurídicas, insiste Asián. 'Ha nacido después y la UE se ha cuidado mucho de autorizar un régimen capaz de convertirse en simple pantalla de la especulación financiera'. En este caso, el diseño ha primado la diversificación económica de la isla, demasiado anclada en la oferta turística, y la creación de empleo.
Matilde Asián reconoce también que el pinchazo mundial de las telecomunicaciones, el proyecto empresarial más compatible con la ZEC, 'puede convertirse en rémora para este proyecto público', pero ofrece con entusiasmo los logros obtenidos durante el primer año de vigencia del régimen: '65 empresas han obtenido autorización hasta la fecha y la inversión comprometida asciende ya a 11.000 millones de pesetas. En este tiempo se han creado 725 empleos directos'. Entre los grandes proyectos captados compañías como Sema Group (francesa), Teleperformance/Telecom Italia, Fisholding y Oracle (norteamericanas).
El compromiso laboral (cinco empleos, como mínimo) y financiero (inversión de 100.000 euros en los dos primeros años de actividad) se adquiere una vez que se produce la inscripción, que ya tienen 24 de las 65 compañías. Las previsiones de la UE son constituir 600 empresas y crear 3.000 empleos en ocho años, el plazo que la Comisión Europea ha dado a las Administraciones autonómicas y central para revisar estas ventajas tributarias.
Otro de los problemas que ha aflorado tras un año de funcionamiento es el coste del suelo. ' Como todos los bienes escasos es carísimo, y más en este archipiélago', reconoce la presidenta de la ZEC. Los proyectos industriales están obligados a instalarse en unos determinados polígonos de las islas.
De momento, ninguna de las 16 compañías del sector industrial que cuenta con autorización ha formalizado su registro, aunque el desbloqueo de la disposición de suelo industrial de Tenerife y la pronta solución -dos meses como máximo- de las dificultades que existen en algunas zonas de Gran Canaria permitirá a estos negocios completar el proceso a tiempo. El Gobierno regional está dispuesto a facilitar la instalación subvencionado el suelo, pero las negociaciones son individuales.