Opa en manos del fiscal
Tras detectar 'claros indicios de delito' por uso de información privilegiada en la opa de la suiza Xstrata sobre Asturiana de Zinc (AZSA), la CNMV ha remitido al Ministerio Fiscal su investigación. Xstrata está controlada por el Grupo Glencore, a su vez primer accionista de AZSA, empresa que ya no cotiza en Bolsa. A la operación, anunciada el 12 de enero de 2001, siguió una posterior opa de exclusión en noviembre de ese año.
Es la primera vez que la CNMV, que ha preferido no abrir su propio expediente, acude a la vía penal para resolver un caso de información privilegiada. El organismo que preside Blas Calzada desde septiembre se basa en el artículo 285 del nuevo Código Penal, que reserva esta vía para los casos en los que con información privilegiada se obtenga un beneficio económico superior a 75 millones de pesetas (450.759 euros). Si se probara que ha habido delito, el o los implicados podrán ser condenados a prisión de uno a cuatro años y multa igual al triple del beneficio obtenido o favorecido. Si el o los culpables se dedicasen de forma habitual a estas prácticas, causaran grave daño a los intereses generales u obtuvieran un beneficio de 'notoria importancia', la pena de prisión sería de cuatro a seis años y la multa, de 12 a 24 meses (hasta de 50.000 pesetas diarias).
La CNMV ha hecho lo correcto. Primero, porque actúa como debe hacer cualquier autoridad administrativa que detecte indicios de delito. Pero también porque estos tiempos de zozobra para la credibilidad vividos sobre todo tras el caso Gescartera, que le costó el cargo a la anterior presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, han dejado en el ambiente un poso de dudas que es urgente despejar. No en vano, el mismo día que anunció su decisión sobre la opa de AZSA, el regulador decretó, también por primera vez en su historia, el cierre de una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable, Hendun 19, para proteger a los inversores.
Quedan por conocer, sin embargo, las características de la investigación de oficio realizada por la CNMV sobre los movimientos del valor antes y después de la opa. El valor de AZSA se disparó más del 34% los ocho días previos al anuncio de la opa. La víspera subieron más del 9%. Eran porcentajes claramente inhabituales en el valor, acompañados de un volumen sorprendente.
El caso de la energética Enron, en EE UU, ha puesto en la picota, entre otras muchas cosas, la efectividad de los organismos supervisores, incluida la prestigiosa SEC. La información privilegiada tiene fama de ser, en lo que ya casi es un aforismo bursátil, 'la más fácil de detectar, pero la más difícil de probar'. En el caso de AZSA será la Fiscalía y, si ha lugar, el juez los que diluciden si ha habido delito y de quién. Pero debe quedar claro que se han acabado las investigaciones 'rutinarias' y el 'eso pasa siempre'. La luz se ha de buscar hasta el final. Porque contra la información privilegiada y el falseamiento de las reglas de juego del mercado hay que ser inflexibles. La confianza de los inversores está en juego y, con ella, la credibilidad del sistema.